Accionante pide incidente de desacato contra alcalde de Yopal y gobernador de Casanare por incumplir órdenes judiciales de agua potable en 44 veredas.
Claudia Villada 
El accionante Yohany García Mosquera presentó un incidente de desacato ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare contra el alcalde de Yopal y el gobernador de Casanare.
La solicitud se basa en el presunto incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales emitidas dentro de la Acción Popular radicada bajo el número 85001233300020190016400, que busca proteger el derecho colectivo al acceso al agua potable de las comunidades pertenecientes a 44 veredas del municipio de Yopal.
La acción popular fue instaurada en 2019. Mediante sentencia del 31 de marzo de 2022, el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare amparó los derechos colectivos y ordenó a las entidades accionadas adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua potable, incluyendo la realización de estudios, diseños y construcción del sistema de acueducto regional. El Consejo de Estado confirmó integralmente el fallo el 14 de septiembre de 2023. En 2026 se expidió el Auto 1813, que ordenó nuevamente el cumplimiento inmediato y perentorio de lo dispuesto en las sentencias.
Según el escrito, las entidades accionadas han omitido de manera reiterada las órdenes judiciales. No se ha realizado ninguna mesa de concertación entre las comunidades beneficiarias, la Gobernación, la Alcaldía, Acuatodos, los órganos de control y el accionante. Tampoco se ha cumplido la medida cautelar de garantizar 50 litros de agua por persona al día, ya que los carrotanques no realizan abastecimiento diario ni ingresan a todas las fincas por dificultades de acceso.
La comunidad actualmente se encuentra gravemente afectada. Los corregimientos de El Taladro, La Chaparrera, Mate Limón, Alcaraván, La Niata y El Morro evidencian una crisis humanitaria derivada de la falta de agua potable, especialmente durante temporadas de verano cuando el desabastecimiento es absoluto, y en invierno cuando consumen agua no apta para el consumo humano.
El accionante señala que la comunidad beneficiaria ha cumplido con obligaciones como el censo digitalizado de beneficiarios, la protección de más de 400 hectáreas donde nacen las quebradas La Yaramada y La Socochera, el levantamiento topográfico, la entrega de servidumbres firmadas y la creación de una empresa comunitaria para garantizar la operación autosostenible del acueducto. Además, el municipio de Yopal es propietario de los predios requeridos, por lo que no existiría obstáculo técnico, jurídico ni social.
El documento advierte que la omisión administrativa ha generado un grave detrimento social y económico. Los estudios y diseños del proyecto tenían un costo aproximado de 3.000 millones de pesos en 2019 y actualmente superan los 8.000 millones de pesos, producto de la dilación institucional. El 22 de mayo de 2026 se realizó una audiencia pública en la Comisión Quinta del Senado de la República, donde las comunidades reiteraron la necesidad del cumplimiento de las órdenes judiciales.
Entre las peticiones del incidente se encuentran la apertura del trámite, la declaración formal del desacato, la orden de explicación inmediata sobre la mora, la apropiación presupuestal para culminar estudios e iniciar la ejecución del proyecto, el arresto y sanciones correspondientes, y la compulsa de copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. También se solicita un cronograma estricto de cumplimiento con seguimiento mensual.
