Admitida tutela de la secretaria del Concejo Municipal de Yopal, contra la UPTC y la presidencia del Concejo.
Claudia Villada 
El proceso de selección para el cargo de Secretario General del Concejo Municipal de Yopal fue suspendido de manera indefinida tras la desaparición de las pruebas escritas aplicadas a los aspirantes. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entidad contratada para custodiar y evaluar los exámenes, notificó la pérdida del material, generando una crisis institucional en la corporación.
La situación se conoció justo cuando los participantes esperaban la publicación de los resultados preliminares, prevista para el 12 de noviembre. La UPTC informó al Concejo que los exámenes «no fueron encontrados en el lugar donde se depositaron», lo que configuró una ruptura en la cadena de custodia. El presidente del Concejo calificó el hecho como de suma gravedad, señalando que la responsabilidad de la custodia recaía completamente en la universidad.
Mediante las Resoluciones 183 y 186 de 2025, el Concejo suspendió inicialmente el concurso por seis días y luego prorrogó la medida por nueve días más. El objetivo de esta pausa es evaluar un posible incumplimiento contractual por parte de la UPTC y decidir si se mantiene o liquida el contrato. La corporación solicitó a la universidad un informe técnico detallado que precise los responsables y el momento exacto de la pérdida, mientras notificó del caso a la Personería Municipal y la Procuraduría Regional.
Una de las aspirantes y quien actualmente ocupa el cargo en disputa, Nelly Neira Pérez Holguín, interpuso una Acción de Tutela contra el Representante Legal del Concejo y la UPTC, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos por mérito.
La Secretaria y concursante solicita que el proceso continúe desde la etapa en que fue suspendido y no se reinicie desde cero, repitiendo únicamente la prueba extraviada.
El contrato con la UPTC tuvo un valor de 35 millones de pesos. La eventual anulación del proceso y su reinicio representaría un nuevo gasto de igual cuantía para los recursos públicos. La decisión final sobre el futuro del concurso dependerá de las respuestas que entregue la universidad y de las directrices de los organismos de control que investigan el caso.
