Adriana Hernández Secretaria de Infraestructura de Yopal denuncia a 11 concejales tras cancelación de una sesión de control.
Claudia Villada 
La secretaria de Infraestructura de Yopal, Adriana Hernández, radicó una denuncia penal y queja disciplinaria contra once concejales del municipio tras la abrupta cancelación de un debate de control político programado para el pasado 7 de mayo.
La funcionaria sostiene que los corporados incurrieron en presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, concusión y constreñimiento ilegal al impedirle presentar el informe técnico preparado por su equipo de profesionales.
El conflicto estalló cuando la plenaria aprobó una proposición para suspender la sesión bajo el argumento de que las respuestas entregadas a un cuestionario de sesenta y una preguntas eran insuficientes o mediocres. Hernández calificó esta maniobra como un mecanismo de asfixia institucional diseñado para preconstituir una futura moción de censura en su contra sin permitirle ejercer el derecho básico a la réplica.
Dentro del expediente radicado ante la Fiscalía General de la Nación, la secretaria presentó capturas de conversaciones que sugerirían una premeditación en el bloqueo del debate antes del inicio de la sesión.
La defensa técnica de la dependencia asegura que las respuestas se ajustaron estrictamente a la literalidad de interrogantes que carecían de rigor metodológico al solicitar únicamente cifras cuantitativas sin requerir detalles sobre objetos contractuales o estados de ejecución.
Mientras el concejal Ociel Ortiz calificó la información remitida como un material sin presentación adecuada, otros cabildantes como Felipe Becerra reconocieron la disposición de los ingenieros de planta para atender la citación. Becerra lamentó la interrupción del encuentro ciudadano puesto que la comunidad rural y urbana demanda claridades urgentes sobre el estado de los acueductos veredales y proyectos estratégicos de pavimentación que permanecen estancados.
La denuncia también incluye señalamientos específicos contra el concejal Cristóbal Torres Pérez por una presunta presión coordinada para influir en el cronograma de frentes de obra con fines electorales.
Según el documento oficial, se habría intentado capitalizar políticamente la ejecución de mejoramientos viales en sectores específicos de la ciudad donde el corporado mantiene intereses de liderazgo.
Por su parte, la secretaria manifestó que el equipo de trabajo fue sometido a un desprestigio público al ser tildados de incompetentes frente a los asistentes que esperaban conocer el avance de obras como el colegio Santa Teresa de Calcuta. Tras la radicación de estas acciones legales, la Procuraduría Regional de Casanare ha sido notificada para que ejerza vigilancia preventiva sobre las actuaciones de la corporación municipal en las próximas sesiones ordinarias.
