Carmensa Pallares de Torres, una mujer de 80 años, enfrenta una difícil situación legal y personal en el municipio de Yopal debido a la ocupación de su vivienda por parte de inquilinos que al parecer se niegan a restituir el inmueble. La propiedad, ubicada en la calle 11 con calle 38, en el exclusivo sector de la salida hacia Sirivana, representa para ella el ahorro de toda una vida de trabajo, pero hoy se encuentra en medio de un conflicto que ha escalado hasta la denuncia pública.
La historia de este arrendamiento comenzó en 2018 bajo la administración de una inmobiliaria local. Según el relato de la propietaria, su hija, quien es una reconocida cirujana en el HORO y copropietaria del inmueble, decidió retirar la casa del manejo de la agencia en 2021 tras una solicitud de los arrendatarios, quienes manifestaron interés en comprar la propiedad y pretendían ahorrase la comisión que cobra la inmobiliaria.
Sin embargo, la venta nunca se concretó y la relación contractual se tornó informal, al punto de que actualmente no existe un contrato de arrendamiento firmado que regule la permanencia de los ocupantes.
La señora Pallares señala que desde hace varios años no se han aplicado los incrementos legales anuales en el canon y que los pagos se realizan de manera irregular, con deudas que se habrían acumulado en los últimos meses.
A esto se suma el descubrimiento de modificaciones estructurales no autorizadas en la residencia, la cual originalmente tenía un diseño de estilo campestre con áreas verdes. Tras revisar documentos e inventarios originales, la dueña constató que los inquilinos talaron árboles y techaron los patios interiores sin contar con el permiso correspondiente.
A pesar de los múltiples intentos de conciliación mediante abogados y notificaciones a través de documentos durante los últimos años, los ocupantes al parecer han evadido la entrega del inmueble, incumpliendo fechas pactadas que se remontan a finales del año pasado y principios del actual.

La angustia de la adulta mayor radica en su necesidad de regresar a habitar su propio hogar, ya que actualmente reside en Bogotá y debe cumplir con el compromiso de entregar el lugar donde vive en la capital.
Ante la falta de respuestas, ha solicitado la intervención de las autoridades locales y ha mencionado que los ocupantes laboran presuntamente en entidades públicas regionales. Manifiesta de manera vehemente que su único objetivo es recuperar la posesión de su residencia para disponer de ella en sus años de retiro y asegurar el patrimonio que construyó durante décadas de trabajo honrado.
CasanareOnline.co se contactó con las personas implicadas en el caso, una pareja que según ellos, hizo una importante inversión para acondicionar el predio y donde funciona hace algunos años una guardería; el esposo actualmente es funcionario de la Gobernación de Casanare y la esposa es funcionaria de Corporinoquia, los cuales no quisieron referirse públicamente al tema, manifestando, eso si, que la situación no es exactamente como lo describe la señora Pallares de Torres y esperan retirar prontamente el costoso inmobiliario instalado en este predio.




