Alcalde de Yopal al parecer desautoriza a Policía por cierre de establecimientos nocturnos.
Claudia Villada
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La vida nocturna de Yopal se ha convertido en el epicentro de una extendida polémica, con numerosas quejas que resuenan en las redes sociales y entre los ciudadanos.
La preocupación principal gira en torno a la visible proliferación de establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas en zonas residenciales, situación que, a primera vista, parecía carecer de un control efectivo por parte de las autoridades y a deteriorado la percepción de seguridad aun más en la ciudad.
Uno de los sectores más señalados es la carrera 29, una vía de gran tránsito en la ciudad, donde varios comerciantes alzaron su voz por presuntos sellamientos irregulares de sus negocios. Pero la situación adquiere un matiz aún más delicado en la carrera 29, un área que, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), está explícitamente definida como residencial. Esta designación impone una limitación legal inherente al funcionamiento de establecimientos nocturnos en dicha zona.
Los residentes de estas áreas no han guardado silencio. Sus denuncias constantes apuntan al alto volumen y el ruido excesivo que emana de algunos bares y discotecas, afectando la tranquilidad de sus hogares.
Un punto de particular discordia son los eventos frecuentes en la plazoleta del centro comercial Unicentro. Si bien se reconoce que estas actividades contribuyen a dinamizar la economía local, el elevado nivel de sonido impacta negativamente a los vecinos, y de manera especialmente crítica, a los pacientes de la Clínica Casanare, ubicada contigua al centro comercial.
Esta compleja realidad ha generado marcados roces entre la Policía y la Administración municipal. De manera extraoficial, trascendió que el ejecutivo local ha desautorizado y, en algunos casos, ha revertido decisiones tomadas por la fuerza policial en lo referente a estos cierres y controles.
La tensión emergió tras reiteradas denuncias que señalaban a ciertos agentes policiales por presuntamente clausurar locales sin respetar los procedimientos establecidos.
En el centro de esta polémica se situó el Mayor Hernández, quien, según denuncias del abogado Lenin Bustos, respaldó estos procedimientos y llegó a confrontar directamente a funcionarios de la Alcaldía.
La normativa permite a los negocios operar hasta las 2 de la mañana, tras lo cual se espera un tiempo prudente para que los propietarios y su personal realicen las tareas de cierre, como recoger mesas o limpiar.
Sin embargo, se reportó que presuntamente la Policía llegaba apenas unos minutos después de la hora límite, incluso a las 2:02 AM, exigiendo el sellado de los establecimientos mientras estos aún estaban en proceso de desalojo y limpieza, no de atención al público.
Se conoció que el ejecutivo habría desautorizado y revertido algunas de las decisiones policiales en este tema. El alcalde de Yopal, Según lo manifestó en entrevista el abogado Bustos, habría instruido firmemente a respetar los procedimientos y a garantizar los derechos de los comerciantes.
La población de Yopal anhela encontrar un equilibrio entre la necesaria actividad comercial que impulsa su economía y el derecho inalienable a la paz y el descanso en sus hogares.
