Alcaldesa de Hato Corozal alerta sobre urbanización ilegal que podría colapsar la infraestructura municipal.
Claudia Villada
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La Alcaldía de Hato Corozal inició una serie de convocatorias para involucrar a la comunidad en la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Durante estas jornadas, se destacó una problemática urgente: la propuesta de un proyecto urbanístico masivo promovido por Jhin Jairo Torres Torres, alias «Jhon Calzones».
El proyecto, que pretende triplicar la capacidad habitacional del municipio, enfrenta serias advertencias por parte de la alcaldesa. Con un promedio de 1.500 viviendas en Hato Corozal y una infraestructura de servicios públicos limitada, la implementación de una urbanización de semejante magnitud desbordaría por completo los recursos disponibles.
Según las autoridades, esta propuesta carece de solicitudes formales, licencias, o documentación que respalde su legalidad. Pese a ello, «Jhon Calzones» ha convocado a los ciudadanos para invertir en este proyecto, replicando el modelo utilizado en La Bendición, una urbanización ilegal en Yopal que, con más de 8.000 predios, ha generado graves problemas de infraestructura y servicios públicos en la capital casanareña, donde se han tenido que invertir importantes recusrsos de la ciudad, para intentar llevar condiciones dignas a todos los habitantes de este sector, presupuesto que se pudo haber invertido en otras infraestructuras que beneficiaran a toda la ciudad.
La alcaldesa advirtió que la ejecución de este proyecto trasladaría al municipio la responsabilidad de solventar problemas que no tienen respaldo presupuestal. Así mismo, instó a los ciudadanos a ser precavidos con sus inversiones y a no entregar recursos a este urbanizador ilegal, quien ya ha sido condenado por estas prácticas.
Historial delictivo de Jhin Jairo Torres Torres, alias «Jhon Calzones»
Torres Torres es conocido por su participación en múltiples urbanizaciones ilegales, siendo La Bendición el caso más emblemático. Esta urbanización, catalogada en su momento como la invasión más grande del país, generó un caos urbanístico en Yopal, afectando la distribución de agua, electricidad y otros servicios esenciales.
En 2017, fue capturado y posteriormente condenado por delitos relacionados con urbanizaciones ilegales y estafa masiva, tras recaudar dinero de familias vulnerables y dejarlas a su suerte en predios sin regulación ni servicios básicos. Su modus operandi incluye la venta de terrenos sin licencias y eludir la normativa establecida para nuevos desarrollos urbanos.
Esta pracitica ha sido replicada por multiples urbanizadores ilegales en la región, los cuales hasta hora han estado captando dinero de forma masiva, sin que las autoridades ejerzan ningun tipo de control, lo que estaría llevando inevitablemente a la región a una crisis.
