Alerta temprana de la Defensoría del pueblo califica con riesgo extremo el departamento de Arauca.
Claudia Villada
2 min de lectura
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la Alerta Temprana 014 de 2025, advirtiendo sobre un nivel de riesgo extremo para la población civil en siete municipios del departamento de Arauca y en el municipio de Cubará, Boyacá.
La alerta, de naturaleza humanitaria, surge por la intensificación del conflicto armado en esta zona fronteriza.
La confrontación se desarrolla principalmente entre el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y los Frentes 10, 28 y 45 del autodenominado ‘Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC)’, disidencias de las extintas FARC.
Estos grupos libran una lucha por el control territorial, económico y sociopolítico en una región geoestratégica, que sirve de corredor hacia Venezuela para actividades ilícitas como el narcotráfico. El escenario se ha agravado tras la terminación del cese al fuego, observándose incluso una «guerra mediática» donde los grupos usan las tecnologías para desinformar y sembrar temor en las comunidades.
La población civil completa se encuentra en peligro, con un impacto diferenciado en grupos como líderes sociales, defensores de derechos humanos, docentes, periodistas, población migrante, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estos últimos enfrentan el riesgo latente de reclutamiento forzado.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ya ubicaba a Tame con un impacto crítico de la violencia en 2024, mientras que Arauquita y Puerto Rondón presentaban un impacto muy alto.
La prospectiva de la Defensoría es pesimista. Se proyecta una continuidad y escalamiento progresivo de la confrontación, con posibles repercusiones en el contexto preelectoral y electoral de los próximos años. Los grupos armados tienen la capacidad de incrementar su repertorio de violencia y mantener el control sobre la población a través de extorsiones y la imposición de reglas.
Frente a este panorama, la Alerta Temprana dirige una serie de recomendaciones a diversas entidades del Estado. Se insta al Ministerio del Interior a coordinar una respuesta rápida y al Ministerio de Defensa a reforzar los controles en áreas rurales y cascos urbanos.
La Fiscalía General de la Nación debe fortalecer la investigación y judicialización de los responsables. Simultáneamente, se solicita a las entidades de protección y asistencia humanitaria, como la Unidad Nacional de Protección y las gobernaciones, implementar medidas urgentes para proteger a los grupos en riesgo, atender desplazamientos forzados y prevenir el reclutamiento infantil.
La alerta concluye con un llamado a las autoridades para que aborden no solo los efectos, sino también las causas estructurales del conflicto a través de políticas públicas que mitiguen las vulnerabilidades sociales en la región.
