Alias “Chipi” y alias “El Hermano” realizaron preacuerdo de dos articuladores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenados a 26 y 21 años de prisión.
Claudia Villada 
Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en la coordinación y articulación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.
La negociación judicial fue avalada por una juez penal especializada, quien consideró que las penas están ajustadas a la normatividad vigente.
Alias Chipi fue condenado a 26 años y 3 meses de prisión, y alias El Hermano a 21 años y 9 meses, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
La investigación, adelantada por el Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió conocer los roles específicos que cada uno asumió.
Arteaga Hernández diseñó el plan criminal y asignó las funciones a los demás implicados antes, durante y después del ataque. Además, realizó labores de seguimiento a la víctima y verificaciones previas del lugar donde ocurriría el atentado. Entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay y supervisó de cerca la ejecución de la acción criminal.
Por su parte, González Cruz permaneció a bordo de un vehículo, a pocas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se perpetró el ataque, y facilitó la huida de otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe. También vendió uno de los teléfonos celulares empleados para coordinar y ejecutar el atentado, con el fin de entorpecer las labores investigativas.
Es importante recordar que, para el momento de la divulgación de esta información, la situación judicial de los procesados se encuentra pendiente de resolver por la autoridad competente, bajo el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución y la ley.
