Ante la fiscalía fueron denunciados el Gerente de la EAAAY y el Alcalde de Yopal.
Prensa
4 min de lectura
El abogado Lenin Bustos presentó las denuncias penales ante el ente investigador por los presuntos delitos de prevaricato por acción, falsedad personal y fraude a resolución judicial o administrativa de policía.
Como lo había anunciado en días anteriores, el abogado Bustos radicó ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal en contra de Jairo Bossuet Pérez Barrera gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y del alcalde Luis Eduardo Castro, a los dos por el tema de los contratos de colaboración empresarial en alianza estratégica firmados recientemente por la EAAAY para el manejo de la PTAR y el aprovechamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario y al mandatario Castro por el tema del nuevo terminal de transporte.
Respecto al alcalde Luis Eduardo la denuncia penal es por los presuntos delitos de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial, este último por lo relacionado al nuevo terminal de transportes. Señala el abogado que el terreno donde se iría a construir estaba en un litigio en el cual en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Casanare había ordenado recuperar las 22 hectáreas del predio, que había sido enajenado al Comité de Ganaderos por 33 millones de pesos en el año 2001.
A pesar de la decisión del Tribunal la administración municipal permitió la desagregación del terreno, incluso expediendo licencias de construcción. En la sociedad de economía mixta creada para la construcción y manejo del nuevo terminal, se admitió la participación de un empresario que aportaba este terreno el cual valoraba en 14.500 millones de pesos, de los cuales la alcaldía debía devolverle cerca de $2.500 millones.
La administración local aceptó el aporte del terreno (que le pertenecería) aún conociendo que existía una orden del Tribunal para recuperarlo, «la administración del municipio de Yopal está pagando por un predio que le pertenece y que abiertamente no podía enajenar a particulares, adicionalmente recibiendo el predio incurre en un conflicto jurídico, actuando de forma dolosa y favoreciendo económicamente a un tercero» señala el documento.
Respecto al gerente de la EAAAY Jairo Bossuet Pérez y también el alcalde Luis Eduardo Castro la denuncia penal es por el presunto delito de prevaricato por acción, hace referencia a la firma del contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica para la operación de la PTAR.
Indica el abogado Lenin que de acuerdo a lo expresado en el contrato 00148 de 2022 el objeto del mismo se basa en la «transferencia de tecnología de la PTAR existente con tecnología KWI…» lo que resulta bastante desacertado pues KWI no es ningún tipo de tecnología, sino el nombre de una empresa austriaca, que fabrica plantas para generar tratamientos con aguas residuales.
El contratista Nelson Javier Suescún Gómez habría incumplido una serie de contratos similares a nivel nacional y son los mismos que presenta como experiencia. Adicional el gerente Jairo Bossuet dejó dentro del contrato una cláusula donde el municipio sería responsable patrimonialmente, en caso que se presente cualquier incumplimiento, cese o terminación del contrato, evidenciando con dicha actuación un posible prevaricato por omisión por parte del alcalde, quien es el presidente de la junta directiva de la EAAAY, al no advertir o pronunciarse frente a este hecho.
Respecto al gerente de la empresa de acueducto señala la denuncia que dichos contratos han presentado algunas irregularidades, pues los estudios previos, diseños y los anexos al contrato han sido firmados por Jairo Bossuet Pérez quien no posee la especialización para la firma de dichos documentos que son el soporte técnico y profesional de áreas distintas al derecho.
De igual forma, se ha vislumbrado la falta de publicidad de los procesos pre y contractuales de los contratos, otra presunta irregularidad sería el tiempo de contrato que superaría los 30 años, para el de la PTAR se dio adicional un plazo de 2 años y 4 meses, situación que es inusual e ilegal de acuerdo en lo preceptuado en el ordenamiento jurídico.
Dentro de las pretensiones solicita el abogado se inicie y lleve a su culminación la investigación penal en contra de los dos demandados, solicita se ordene la captura inmediata del gerente de la EAAAY hasta que finalice la investigación, toda vez que podría afectar de forma grave la misma desde el cargo que desempeña. En cuanto al alcalde Castro solicita que se expida orden de captura y se separe del cargo al mandatario toda vez que con sus actuaciones podría ocultar pruebas o interferir en la investigación.
