Aplazado desalojo de mujer que recibió terreno por ser población vulnerable.

La diligencia que se realizaría sobre las 2 de la tarde de este martes 04 de julio del procedimiento de desalojo de Marcela Gavidia Barrera, quien se encadenó frente a la Alcaldía para solicitar al alcalde y el jurídico que la escucharan, fue aplazada para el próximo 17 de julio por parte del Corregidor de Morichal.

De acuerdo a lo expresado por el corregidor de Morichal Diego Enrique Gutiérrez, todo el proceso se cumplió en derecho, y la decisión adoptada por él fue ratificada en una segunda instancia por el alcalde. Enfatiza que se brindaron todas las garantías, afirmación que es desmentida por la afectada y otras familias que han venido perdiendo sus terrenos debido a querellas que interpone una mujer, quien cada vez se queda con más terrenos de otras beneficiarias del proyecto

En noviembre de 2001 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (incora) hizo entrega de 311 hectáreas de terreno a 20 mujeres cabeza de hogar que hacían parte de la Asociación Amapola, un grupo de población vulnerable, para que allí realizarán proyectos productivos. Terreno ubicado en la vereda Yopitos del corregimiento de Morichal en Yopal. El terreno fue repartido entre las beneficiarias, a cada una le correspondió 15 hectáreas aproximadamente.

Según denuncian, la señora Flor Marina Garzón Torres, ingeniera industrial de profesión, habría ingresado como parte del grupo de beneficiaria sin pertenecer a las Asociación de mujeres, ni a ninguna población vulnerable, el compañero sentimental de la mujer laboraba en el incoder y habría influido de forma irregular para que fuera incluida en el proyecto.

Es ella quien ha venido interponiendo las querellas en la corregiduría de Morichal, la cual le ha dado la razón en por lo menos dos procesos; en lo que se ha conocido por las denunciantes, ha dejado sin terreno a dos beneficiarias y actualmente reclama otros, alegando posesión de los terrenos.

De acuerdo a lo manifestado por la afectada Marcela Gavidia Barrera, junto a otra beneficiaria por temas de salud debieron salir del terreno, por lo que hicieron un acuerdo con la señora Flor Marina Garzón para que usará los predios para ganadería, por lo que les realizaría un pago, además así el terreno sería usado y se evitarían inconvenientes con el incora.

Años después cuando quisieron volver a sus terrenos al enterarse que la señora Flor Marina había iniciado un proceso en un juzgado alegando posesión de los predios, empezó su pesadilla. Rosa María Guerrero falleció y no regresó a su predio, en el caso de Marcela Gavidia sí lo hizo, desde entonces denuncia que ha sido agredida, amenazada y ahora desalojada.

Los afectados solicitan apoyo de las entidades competentes, ya que dicen sentirse desamparados ante la vulneración de sus derechos, han acudido a la Personería, la Defensoría del Pueblo y no han obtenido apoyo, hoy ven como una persona con mejor condición económica que no debía ser parte del proyecto inicial se queda con sus predios.

Denuncian que el corregidor de Morichal Diego Enrique Gutiérrez no ha tenido en cuenta sus descargos, sienten que está favoreciendo a la señora Flor Marina Garzón Torres y no se explican cómo están perdiendo un terreno que les entregó el Gobierno Nacional por ser población vulnerable y más aún cuando la escritura está aún en común y proindiviso, a nombre de las 20 beneficiarias del proyecto productivo.

Marcela Gavidia como protesta se encadenó frente al despacho del alcalde solicitando ser escuchada, señala que su defensa ha sido ignorada y que él que falló en segunda instancia no ha sido enterado de la situación que allí se vive, denuncia que no se cumplió el debido proceso, es madre cabeza de hogar, con un hijo en condición de discapacidad y ahora que pierde su única fuente de ingreso, se encontraba desamparada y saber qué hacer.