Los productores de arroz de Casanare se reunieron en Yopal para evaluar una coyuntura crítica marcada por la caída de los precios y la ausencia de apoyo estatal.
Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, explicó que el mercado internacional sufrió un impacto severo cuando India, el mayor exportador mundial, decidió inundar el comercio con grano altamente subsidiado. Esta presión externa coincide con una crisis local derivada de la eliminación de los incentivos al almacenamiento durante los años 2024 y 2025.
Al no retirarse los excedentes temporales de aproximadamente 250,000 toneladas, la sobreoferta interna ha deprimido los valores pagados al agricultor.
La supervivencia del gremio depende ahora de su capacidad para alcanzar niveles de competitividad internacional antes del cese total de aranceles previsto para el año 2030.
Fedearroz promueve la implementación masiva de la tecnología AMTEC, como la principal herramienta, la cual ha demostrado en datos reales, reducir los costos de producción de 570 a 350 dólares por tonelada.
Según Hernández, la adopción de estos avances técnicos es la única defensa para evitar que la industria colombiana desaparezca, tal como ocurrió en países como Costa Rica y México tras la firma de sus tratados comerciales. Los agricultores también instan a revisar los acuerdos con la Comunidad Andina de Naciones por considerarlos inequitativos en la actualidad.
Ante este panorama, líderes del sector como Juan Bernardo Serrano proponen una reducción estratégica de las áreas de siembra entre un 20 y 30 por ciento para este año. El objetivo fundamental de esta medida es evacuar los inventarios actuales y permitir que el precio se regule de cara a las próximas cosechas. La incertidumbre en el campo es profunda, al punto que algunos productores sostienen que los cultivos ilícitos ofrecen actualmente mayores garantías que el arroz debido a la falta de créditos y la creciente inseguridad en las zonas rurales.

El contrabando técnico representa otra amenaza persistente que impide la rotación del producto nacional. Los representantes gremiales denunciaron que se utilizan facturas únicas para ingresar mercancía múltiples veces por fronteras terrestres que califican como porosas.
Como solución, exigen al gobierno nacional establecer un puerto único de entrada por vía marítima para asegurar un control aduanero efectivo. A esta problemática se suma la presión de las cadenas de supermercados de bajo costo, las cuales manejan cerca del 30 por ciento del mercado e imponen precios mínimos que afectan la rentabilidad del cultivador primario.
Además, aunque no está confirmado, al parecer estas cadenas serían los principales clientes del cereal de contrabando que ingresa al país, situación que los cultivadores solicitaron fuera investigada.



