Asistieron a la audiencia desde el monte, tres cabecillas de disidencias de Farc imputados por la ola de violencia en el Catatumbo.
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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra tres cabecillas de las disidencias de las Farc señalados de ordenar la confrontación armada en la región del Catatumbo, entre enero y abril de 2025, que dejó graves violaciones a los derechos humanos.
Se trata de Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, cabecilla del Bloque Magdalena Medio; y los jefes político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard. Los tres fueron citados a audiencia de imputación virtual ante un juez de control de garantías de Cúcuta.
Según la investigación, estas personas habrían ordenado a sus estructuras tomar el control territorial absoluto mediante el uso de armas y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, en Norte de Santander. La directriz, dirigida a confrontar al ELN, generó acciones violentas que sembraron miedo y zozobra en la comunidad.
Las denuncias recibidas y los análisis criminológicos permitieron identificar 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.
Los tres cabecillas, que también hacen parte de la comisión negociadora de paz de este grupo armado ilegal, asistieron a la audiencia virtual desde sus campamentos en las montañas del Catatumbo, un hecho inusual en la justicia colombiana. La diligencia se realizó bajo los parámetros de la Directiva 003 de 2025, que permite la continuación de los procesos penales sin afectar la libertad de los investigados que tengan suspendidas órdenes de captura en el marco de diálogos de paz.
La Fiscalía avanza en el ejercicio de la acción penal conforme a lo contemplado en dicha directiva, citando a los procesados a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
