El Secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, detalla las presuntas amenazas a líderes políticos y sociales en Casanare. Se destaca la necesidad de evaluar cada caso para brindar protección y garantizar la integridad de los afectados.
En una entrevista exclusiva, el Secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, proporcionó un informe detallado sobre la mesa de trabajo del Consejo de Seguridad. Este evento tuvo como objetivo evaluar las presuntas amenazas a líderes políticos y sociales en Casanare.
Según Ramos, las amenazas pueden estar relacionadas con diversos factores, como contratos públicos y la presencia de grupos armados organizados en el departamento. También mencionó la posibilidad de que las denuncias públicas generen incomodidad en ciertos individuos.
El Secretario hizo un llamado a las autoridades y entidades correspondientes para abordar estas amenazas y garantizar la protección de la vida y la integridad de los afectados. Se comprometió a realizar un seguimiento y evaluación exhaustivos de cada caso para proporcionar la atención necesaria.
Ramos también expresó su preocupación por el uso indebido de las amenazas, señalando que algunas personas podrían aprovecharse de esta situación para beneficio personal. Sin embargo, reafirmó la importancia de brindar protección a todos los casos que lo requieran.
En cuanto a las cifras, se mencionó que se han reportado 38 casos de presuntas amenazas, aunque se enfatizó la necesidad de evaluar cada uno individualmente para determinar su veracidad y nivel de riesgo.
Con una fuente extraoficial se conoció algunas de la identidades más relevantes.
Anderson Sandoval Bernal Tello, alcalde de Orocué; manifiesta reiteradas amenazas de tipo extorsivo, al parecer proveniente de actores armados ilegales que lo invitan a una presunta reunión en el municipio de Puerto Rondón, jurisdicción del departamento de Arauca para establecer el impuesto o aporte para la organización insurgente.
William Forero, alcalde de Támara; En coadyuvancia con la declaración presentada por el señor personero del municipio de Támara Luis Alfredo Plazas Heredia, quien manifiesta haber recibido versión de la comunidad en la que al parecer presuntos actores armados estarían pretendiendo contactar bajo intimidación al señor alcalde del municipio de Támara William Forero, situación que representa un alto riesgo tanto para la comunidad como para el mandatario municipal.
Bernardo Pérez Fonseca, Alcalde de Chámeza; manifiesta que: «el 22 de febrero de 2024 nuevamente soy objeto de amenazas e intimidaciones mediante un panfleto del ELN en el cual me citan y amenazan con acarrearme hechos lamentables contra mi persona. Amenazas por parte de alias ANTONIO MEDINA y JEAN CARLO MEDINA, pertenecientes al Grupo Armado Organizado Residual del frente 28 de la FARC, las cuales fueron allegadas a mi abonado telef6nico personal en los meses de enero y febrero mediante mensajes de WhatsApp y notas de voz, donde me realizan citaciones y exigencias económicas para la financiaci6n y pago de extorsiones, al igual que videos intimidantes.»
Angel Mir Bernal Bernal, Wilder Alexander Bernal Jimenez, Marisol Bernal Bernal, Concejales de Aguazul y Recetor; en situación de desplazamiento forzado, víctima de amenazas y homicidio de su hermano Wilfredo Bernal Bernal el 19 de enero de 2024 al parecer por actores armados ilegales. Grupo familiar que deja en constancia las reiteradas amenazas y presiones que se ejercen sobre ellos, asi que solicitan apoyo de las entidades encargadas para que se implementen las medidas necesarias para resguardar su vida e integridad.
Arsenio Sandoval Barrera, exfuncionario de Invias; víctima de amenazas y extorsión, panfletos y mensajes por presunto grupo armado ilegal.
Luis Albeiro Camacho Higuera, subdirección Pastoral Social Depto. Casanare, Clérigo Iglesia Católica; Presuntas Amenazas y móviles por establecer. Amenazas por parte del señor Jhon Jairo Torres Torres
El funcionario destacó que las amenazas afectan a diversos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios, líderes sociales, alcaldes y funcionarios del gobierno. Se subrayó la importancia de abordar cada caso de manera integral y garantizar la seguridad de todos los involucrados.