Cae red delictiva que suministraba carne de burro y caballo al PAE y otras instituciones públicas.
Claudia Villada
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En una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fue desmantelada una estructura delictiva señalada de sacrificar clandestinamente reses, caballos y asnos en condiciones insalubres.
Las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes en la vereda Sasa de Chiquinquirá, Boyacá, quienes operaban un matadero ilegal y comercializaban la carne sin las garantías de salubridad requeridas.
Las investigaciones revelaron que la actividad ilegal generaba contaminación ambiental significativa, afectando suelos y fuentes hídricas por el vertimiento de residuos. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) constató que los productos no eran aptos para el consumo humano, pero aun así eran distribuidos en plazas de mercado, comercios locales y, de manera alarmante, a proveedores de programas públicos como el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y centros carcelarios en Boyacá y Cundinamarca.
El operativo permitió la captura de tres administradores de bodegas clandestinas: Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Otros implicados, incluidos intermediarios y compradores, fueron identificados como John Anderson Pineda Ortegón, Gildardo Antonio Isaza Herrera, Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, enfrentando medida domiciliaria.
El hecho pone en el centro del debate la seguridad alimentaria y la responsabilidad de los proveedores que surten a programas sensibles como el PAE. Las autoridades reafirman su compromiso de fortalecer los controles para evitar que actos como este pongan en riesgo la salud de los consumidores, especialmente de la población vulnerable atendida por estas iniciativas.
A los implicados se les acusa de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos. Además, la Fiscalía continúa las investigaciones para identificar posibles vínculos adicionales y el alcance total de la operación.
