Caen implicados en serie de secuestros y extorsiones: desmantelan organización “Los Buscadores”.

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional, se logró la captura y judicialización de nueve presuntos integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Buscadores’. Esta banda delictiva, responsable de numerosos actos de violencia en los departamentos de Boyacá y Meta, se dedicaba a realizar secuestros, extorsiones y hurtos en la región.

Uno de los procesados, identificado como Robinsón Mauricio Rodríguez, alias ‘Cachetes’, es señalado como uno de los presuntos cabecillas de la estructura ilegal. Se cree que desde la cárcel El Barne, en Cómbita, coordinaba las actividades de extorsión y retenciones ilegales.

Según las investigaciones, los implicados aprovechaban la información que las víctimas divulgaban en sus redes sociales para contactarlas. Utilizaban los datos personales obtenidos de los teléfonos móviles de los secuestrados para ubicar a sus familiares y llevar a cabo las extorsiones.

Los miembros de ‘Los Buscadores’ supuestamente se valían de perfiles en redes sociales de ciudadanos que ofrecían servicios como acarreos, venta de alimentos o trabajos de ornamentación, entre otros. Una vez en los lugares acordados, las víctimas eran desviadas de su ruta y, bajo amenazas y portando armas de fuego y armas blancas, eran llevadas a zonas despobladas y boscosas donde eran retenidas y atadas. Posteriormente, se contactaba a sus familiares exigiendo grandes sumas de dinero bajo la amenaza de muerte para lograr su liberación.

Los delitos cometidos por ‘Los Buscadores’ estarían vinculados a nueve denuncias presentadas en los municipios de Toquilla, Santa Rosa de Viterbo, Iza, Duitama, Chivatá (Boyacá) y Granada (Meta).

Las capturas de los implicados se llevaron a cabo en las ciudades de Sogamoso y Tunja (Boyacá), Yopal (Casanare) y Flandes (Tolima). La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada y secuestro simple.

Todos los procesados deberán cumplir medidas privativas de la libertad mientras continúa el proceso judicial.

Uno de los casos documentados ocurrió el 21 de marzo de 2023. Un ciudadano fue contactado para realizar trabajos de ornamentación en Granada (Meta). Al llegar al lugar, fue retenido y agredido físicamente. Para lograr su liberación, su familia tuvo que pagar una suma de 12 millones de pesos.

Otro caso similar tuvo lugar en el Páramo La Chorrera, en el corregimiento de Toquilla (Boyacá), donde un hombre fue retenido después de ser contactado para un supuesto acarreo. Por su liberación, su familia pagó la suma de 8 millones de pesos.»