Captura de directivos de Arenca saca a la luz red de contratos irregulares en Aguazul que salpican a exalcaldesa Johana Moreno.
Claudia Villada 
La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe, denominada Arenca, tras descubrir un entramado de corrupción que direccionó 101 contratos financiados con recursos de regalías por una suma superior a los 496.000 millones de pesos.
Este esquema asociativo operaba mediante la asignación de obras en diversos departamentos, incluyendo a Casanare, donde la administración de la entonces alcaldesa Johana Moreno en el municipio de Aguazul entregó contratos que superan los 40.000 millones de pesos.
Los investigadores señalan que estas personas se articularon para ser designadas como ejecutoras de proyectos de infraestructura, alimentación y saneamiento básico, al parecer eludiendo los principios de libre competencia y transparencia.
El impacto de estas decisiones administrativas se manifiesta en obras, que la misma Contraloría califico con deficiencias técnicas profundas que hoy comprometen la seguridad de los habitantes de la región. Uno de los puntos más críticos señalados por los organismos de control es el contrato de señalización y pavimentación urbana de Aguazul, valorado en 10.000 millones de pesos, el cual muestra una planeación deficiente al haber aplicado pintura sobre asfalto viejo que ya requería una reconstrucción total.
uno de los resultados de dicha investigación estableció que la pintura utilizada carecía de las microesferas de vidrio necesarias para la visibilidad nocturna, lo que ha derivado en múltiples accidentes de tránsito que han dejado a ciudadanos con lesiones físicas permanentes.
En la zona rural, la inspección técnica de la Contraloría General de la República detectó riesgos estructurales graves en el escenario deportivo de la vereda El Guineo, un proyecto viabilizado por Moreno en 2023. La estructura de la cubierta presenta una inestabilidad peligrosa debido a que se redujo el grosor de las láminas de acero de calibre dieciocho a calibre veinte sin ninguna justificación técnica.
Además, los auditores evidenciaron que se pagaron cantidades de materiales eléctricos y rejillas metálicas muy superiores a las que realmente se instalaron en el sitio de la obra.
Javier Tensa, el líder cívico que impulsó las denuncias iniciales, explicó que el pavimento nuevo fue instalado junto a tramos antiguos totalmente fracturados, lo que confirma la improvisación en el uso de los recursos públicos. Como resultado de estas auditorías, la Contraloría determinó un presunto detrimento patrimonial que oscila entre los 5.500 y los 5.900 millones de pesos, enviando el expediente a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se inicien los procesos penales y disciplinarios pertinentes.
Mientras las investigaciones avanzan, Tensa denunció haber sido objeto de seguimientos y amenazas constantes contra su vida debido a su labor de control social.
El líder ciudadano permanece bajo la protección de la Unidad Nacional de Protección tras confirmarse la existencia de móviles para atentar contra su integridad. Por su parte, la comunidad de Aguazul solicita que se activen las pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual para garantizar la reparación de las víctimas y la corrección de las obras defectuosas que aún permanecen inconclusas.
