
La ciudad de Yopal es nuevamente testigo de un acontecimiento que pone en tela de juicio la efectividad de nuestro sistema judicial, luego de la recaptura de un individuo identificado como alias “Mambo” presuntamente vinculado al homicidio de Carmen Lucely Oreo Cachay.
Esta persona había sido puesta en libertad apenas diez días antes, citando la controvertida figura legal del «vencimiento de términos».
El suceso de la recaptura se dio en el sector de la calle 40, durante labores rutinarias de patrullaje de la Policía Nacional. Al momento de su detención, el individuo portaba un arma de fuego, un revólver, mientras se desplazaba en una motocicleta.
Este hecho ha reavivado las polémicas y la preocupación de la comunidad expresada principalmente en redes sociales, pues resulta «totalmente aberrante que queden en libertad» personas implicadas en crímenes tan graves como el homicidio de una mujer por resistirse a ser asaltada.
La pregunta de cómo una persona que ya tenía antecedentes por homicidios, y que fue encontrada con un arma, puede estar libre para «seguir delinciendo» resuena con fuerza en la comunidad.
Al analizar la responsabilidad en estos casos, es evidente que el sistema judicial colombiano presenta un enfoque excesivamente permisivo y paternalista hacia los delincuentes. Esta tendencia ha normalizado que jueces y fiscales otorguen libertades a individuos implicados en delitos graves.
Un caso reciente ejemplifica esta problemática: una mujer fue capturada con 50 kilogramos de marihuana, pero se supo extraoficialmente que ni siquiera se le solicitó medida de aseguramiento. Según versiones extraoficiales, su liberación inmediata al aprecer habría sido el resultado, o de Fallos procesales de la Fiscalía en omisión de solicitud de detención preventiva, o presunta dilación u ocultamiento de pruebas por parte de los funcionarios involucrados en su captura.
Casi cuatro meses después del crimen de Carmen Lucely, la Policía Nacional en Yopal había logrado la captura de dos hombres, identificados por sus alias como “Mambo” y “Rasta”.
Las autoridades destacaron que estos sujetos contaban con un amplio prontuario delictivo, incluyendo anotaciones por porte ilegal de armas, hurto calificado, tráfico de estupefacientes y homicidio. La investigación que llevó, incluso a encontrar la motocicleta utilizada en el crimen de Carmen Lucely fue incautada durante las diligencias de allanamiento.
Esta captura fue ampliamente celebrada como un gran logro por el alcalde de Yopal, el comandante de la Policía de Casanare, el secretario de gobierno municipal y el jefe de la seccional de Investigación Criminal.
Sin embargo, la salida de este individuo por vencimiento de términos y la reciente recaptura y el hallazgo de un arma, vuelve a poner el foco la imperiosa necesidad de modificar nuestro sistema judicial.
Aunque el secretario de gobierno municipal ha señalado que estos casos se evalúan en consejos de seguridad y mesas de trabajo con la fiscalía, reconoce que en ocasiones no pueden acceder ni siquiera al expediente debido a la «reserva del sumario».
La falta de claridad sobre los responsables de estas recurrentes liberaciones sigue siendo una fuente constante de inquietud y un desafío para la tranquilidad de la comunidad.