
La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas privativas de la libertad contra un teniente y once patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá, señalados de participar en una red de corrupción en la localidad de Puente Aranda.
Los uniformados habrían cometido al menos 26 actos delictivos entre 2024 y 2025, según las pruebas recolectadas.

Las investigaciones revelaron un patrón alarmante: los agentes exigían dinero a personas capturadas por hurto y microtráfico para liberarlas sin presentarlas ante la justicia. Además, realizaban detenciones arbitrarias para inflar estadísticas operativas y recibir beneficios personales.
Los delitos no terminaban allí. Los implicados también permitían el paso de mercancía de contrabando hacia San Andresito y colaboraban con redes delincuenciales dedicadas al robo de cable de cobre.
Para encubrir sus acciones, los policías alteraban informes judiciales y mantenían cuentas bancarias ocultas donde movieron más de $200 millones. Nueve de los doce implicados fueron enviados a prisión, mientras los tres restantes cumplirán arresto domiciliario.