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La ingeniera Adriana Hernández advirtió sobre la necesidad crítica de ampliar la capacidad del relleno sanitario El Cascajar para prevenir un impacto económico directo en las familias de la región.
Actualmente, las autoridades gestionan ante la Corporación Autónoma una modificación de la licencia ambiental que permita intervenir el sitio, pues la operatividad se encuentra en un punto de agotamiento que exige medidas de choque. Según explicó la funcionaria, una de las acciones inmediatas consiste en elevar un metro la altura del muro de contención o jariñón en una de las celdas vigentes, una maniobra técnica que otorgaría apenas un año adicional de funcionamiento.
Este margen de tiempo resulta vital para evitar que los residuos deban trasladarse a otras ciudades, lo que dispararía los costos de transporte de manera alarmante.
Hernández señaló que mientras el valor actual por tonelada oscila entre los 155,000 y 175,000 pesos, la disposición en plantas externas elevaría la cifra por encima de los 200,000 pesos, un incremento que terminaría por tocar el bolsillo de todos los usuarios. La ingeniera destacó que el objetivo es recuperar el terreno por un periodo de dos a tres años adicionales mediante la adecuación de la celda once y la piscina ocho, brindando un respiro operativo mientras se diseña una solución de largo plazo.
El panorama se complica por las crecientes quejas de las comunidades vecinas, quienes denuncian la presencia de aves de carroña y filtraciones de lixiviados que afectan gravemente su entorno cotidiano. Hernández reconoció estas molestias y aseguró que la empresa operadora ya aplica correctivos técnicos para mitigar los olores y las fallas en el manejo de líquidos contaminantes.
A nivel administrativo, el proceso enfrenta el reto de iniciar desde cero tras la anulación judicial de previos contratos de colaboración que entorpecieron las gestiones definitivas.
Con trece municipios dependiendo de este recinto para el manejo de sus desechos, la administración y la gobernación trabajan contra el reloj pues se encuentran cortos en plazo para asegurar la compra de nuevos predios.
Esta situación mantiene en alerta a los mandatarios locales, quienes buscan consolidar acuerdos que permitan implementar una salida definitiva y sostenible para el manejo de los residuos de toda la zona. Mientras tanto, la ampliación de la licencia ambiental sigue siendo el eje central para garantizar que el sistema de aseo no colapse en el futuro cercano.
