Casanare, en vilo: Asamblea Departamental archivó por cuarta vez proyecto de superávit.
Claudia Villada
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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental de Casanare archivó una vez más el proyecto de ordenanza 015 de 2025, una decisión que, con cuatro votos en contra, impidió la incorporación de más de 133 mil millones de pesos del superávit de 2024 al presupuesto departamental.
Estos fondos estaban destinados a programas sociales, obras de infraestructura y la atención de emergencias, entre otras prioridades para los habitantes de Casanare, según lo manifiestan voceros de la Gobernación de Casanare.
El gobernador César Ortiz Zorro, expresó su rotundo rechazo a la decisión, calificándola como un acto de odio y revanchismo político que, según él, golpea directamente a la comunidad y condena al pueblo de Casanare a sufrir sus consecuencias.
El mandatario subrayó que este revanchismo no solo afecta a su administración, sino que hiere a todos los sectores del departamento al negar recursos vitales para atender necesidades apremiantes.
Entre los programas y servicios que quedaron en riesgo se encuentran la alimentación escolar, la vivienda digna para familias vulnerables, el fortalecimiento de la Unidad Renal del HORO, la respuesta frente a la fiebre amarilla y la ola invernal, y los paquetes nutricionales para adultos mayores. La gestora social, Diana Soler, lamentó que la negativa impacte de forma directa a la población más vulnerable, señalando que más de 16.000 adultos mayores dejarán de recibir sus paquetes nutricionales.
El diputado Jorge Eduardo García, quien fue ponente del proyecto en comisión, señaló dos puntos críticos. Primero, argumentó que no se adjuntó el acta del CONFIS (Consejo de Política Fiscal) que certificara el impacto fiscal de la iniciativa, tal como lo exige la Ley 819 de 2003. Esta observación contrastó con la defensa de la secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, quien afirmó que todas las observaciones habían sido resueltas.
El segundo argumento de peso giró en torno al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). El diputado García explicó que el proyecto contenía un «contracrédito», una disminución de 160 millones de pesos de recursos originalmente destinados a entes universitarios, para trasladarlos a un proyecto de agricultura.
El problema, según García, fue que esta nueva partida no estaba registrada en el POAI ni en el banco de proyectos, lo cual es un requisito legal fundamental para la viabilidad de las inversiones. Se mencionó que estos 160 millones correspondían a recursos de la Ley 30 para la Universidad del Trópico Americano, derivados de un cálculo erróneo del IPC que, de hecho, podría haber restado 50 millones de pesos a la universidad.
La secretaria de Hacienda, Gloria Lucía Rivera, defendió la legalidad del proyecto, asegurando que la iniciativa no tenía impacto fiscal y que todas las observaciones habían sido resueltas.
Tanto ella como el director de Planeación Departamental, Alfonso Cárdenas, atribuyeron el archivo del proyecto a «negligencia y falta de voluntad», afirmando que no hubo errores ni fallas técnicas en la propuesta.
Como resultado de esta decisión, los recursos destinados a sectores sociales y estratégicos permanecen estancados, dejando a miles de familias casanareñas sin soluciones inmediatas y frenando programas que ya contaban con financiación asegurada.
