Casi todas las plantas de tratamiento de residuos en Casanare enfrentan sanciones ambientales, Ecoplanta la más investigada.
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La autoridad ambiental Corporinoquia mantiene una vigilancia activa sobre dieciséis plantas encargadas del tratamiento de residuos peligrosos en su jurisdicción. Andrea López, líder del área de hidrocarburos de la entidad, confirmó que la gran mayoría de estos complejos industriales enfrentan actualmente procesos sancionatorios por diversos incumplimientos técnicos y administrativos.
Las instalaciones se distribuyen estratégicamente en municipios como Yopal, Aguazul y Pore, donde gestionan desechos provenientes principalmente de la actividad mineroenergética y el sector salud, además de una planta de baterías de plomo y ácido ubicada en Cáqueza.
El panorama legal de estas empresas revela una situación compleja en la que solo una o dos plantas operan sin expedientes disciplinarios abiertos en la actualidad.
Las fallas detectadas por los inspectores abarcan desde omisiones en la entrega de informes de cumplimiento hasta daños ambientales directos y riesgos potenciales para los ecosistemas circundantes.
En el caso específico de Ecoplanta, se ha convertido en una de las empresas más sancionadas, la corporación atendió nueve denuncias ciudadanas solo durante el año 2024, lo que derivó en visitas extraordinarias y la imposición de medidas preventivas que limitaron su operación hasta corregir las causas del riesgo.
Los técnicos de la corporación han identificado que el principal detonante de las infracciones es la saturación de las instalaciones al recibir un volumen de desechos que supera su capacidad licenciada.
Esta sobrecarga operativa se vuelve particularmente crítica durante la temporada de lluvias, periodo en el cual el riesgo de desbordamientos en las áreas de aspersión y almacenamiento de líquidos peligrosos aumenta significativamente. Aunque la licencia de Ecoplanta sigue vigente por la vida útil del proyecto, la autoridad ambiental advirtió que la operación permanece bajo un seguimiento riguroso debido a la reiteración de estas faltas operativas.
Más allá de las sanciones monetarias, que se tasan según el beneficio ilícito y la gravedad del impacto, el objetivo institucional es ajustar los planes de manejo para prevenir futuros incidentes.
Un punto crítico detectado es el almacenamiento masivo de suelo tratado que no ha logrado transformarse en abonos orgánicos, incumpliendo así el propósito de los proyectos de biorremediación.
Para el presente año, Corporinoquia se ha propuesto determinar con exactitud la capacidad instalada de cada planta para garantizar que operen dentro de sus límites técnicos y no pongan en peligro a las comunidades locales.
