Cayeron Los Cachirres banda señalada del secuestro de empleados de una constructora en Casanare.
Claudia Villada 
La Policía Nacional desarticuló al grupo de delincuencia común organizada conocido como Los Cachirres tras capturar a tres de sus presuntos integrantes en el departamento de Casanare.
Los detenidos son señalados como los autores intelectuales y materiales del secuestro extorsivo cometido contra Jorge Andrés Cadena Acosta y Ariel González, quienes se desempeñaban como empleados de la Constructora Monarca. Esta operación judicial resuelve por completo los casos de secuestro denunciados en la jurisdicción durante el año 2025 aseguró el comando de policía del Departamento.
El origen de los hechos se remonta al 24 de junio de 2025, cuando las víctimas fueron conducidas hacia una trampa bajo la modalidad de falso servicio.
Mediante el ardid de una supuesta reunión para la venta de terrenos, los trabajadores se desplazaron en una camioneta Toyota hacia la vereda Yopitos, en jurisdicción de Yopal. En ese lugar fueron interceptados por sujetos que los privaron de la libertad con el objetivo de obtener un beneficio económico inmediato. Tras la desaparición de los jóvenes, el vehículo de los afectados fue hallado abandonado en el casco urbano del municipio de Maní.
Durante el cautiverio, los captores exigieron el pago de 300 millones de pesos a cambio de respetar la vida de los ciudadanos.
Según información extraoficial y al parecer ante la gravedad de las amenazas, la familia de los empleados accedió a entregar una suma de 26 millones de pesos, logrando así que regresaran a sus hogares días después del rapto.
Aunque la liberación se manejó inicialmente bajo reserva por petición expresa de los afectados, la investigación del Gaula Casanare continuó de forma ininterrumpida hasta lograr la identificación plena de los sospechosos.
Los elementos materiales probatorios recopilados vinculan a los capturados con antecedentes por extorsión y tráfico de estupefacientes en el sistema oficial de la Fiscalía.
Además, se conoció que las víctimas mantenían vínculos laborales con la empresa Monarca, firma que actualmente promueve proyectos urbanísticos en la zona, algunos de los cuales carecerían de las licencias requeridas según la misma secretaría de planeación.
