Desde el primer día del calendario escolar, la Secretaría de Educación de Casanare como ente territorial, viene garantizando el servicio del Programa de Alimentación Escolar- PAE, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento en áreas rurales y residencias escolares.
Así mismo, las instituciones educativas con población indígena del departamento ya cuentan con el servicio PAE, en Orocué, Támara, Hato Corozal y Paz de Ariporo; superando la situación nacional presentada frente a la expedición de pólizas por parte de las aseguradoras.
“Somos garantes de mantener las estrategias de acceso y permanencia educativa, que nos permitan pensar en total bienestar para nuestra niñez; gracias a ello, logramos suscribir los contratos con operadores de nuestros pueblos indígenas para continuar brindando este servicio con calidad, con oportunidad operativa, laboral y financiera para ellos y lo mejor, respetando e incluyendo en sus ciclos de menú, parte de su cultura, tradición y gastronomía” afirmó la Secretaria de Educación de Casanare, Elisabeth Ojeda Rodríguez.
Cabe destacar que este programa en Casanare está llegando a cerca de 18 mil estudiantes, dentro de los cuales, 2 mil pertenecen a población indígena. Teniendo en cuenta la magnitud e importancia de este programa para la comunidad en general, se está convocando a la Primera Mesa Pública PAE 2023 para el próximo 28 de marzo a las 2:30 p.m. en el auditorio de Unitrópico en Yopal, con el objetivo de generar espacios de diálogo y participación ciudadana para el mejoramiento continuo del PAE, reglamentada en la resolución 0335 del 2021 emanada por la Unidad Nacional de Alimentos Para Aprender UAPA.
Se destaca que esta ejecución a tiempo, se ha dado gracias a la planeación y proyección de recursos, llegando a las familias a través de cada estudiante beneficiado. Este programa ha generado oportunidad laboral a través de manipuladoras de alimentos de cada institución educativa, y participación ciudadana a través Comités de Alimentación Escolar – CAE, quienes ejercen un rol de control social y vigilancia, además de las veedurías ciudadanas.