Colombia eleva nota de protesta ante Guatemala por órdenes de captura contra exministro y fiscal.
Claudia Villada
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El Gobierno colombiano elevó una enérgica protesta ante las autoridades de Guatemala tras la emisión de órdenes de captura con fines de extradición contra el embajador de Colombia en El Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
Las medidas judiciales están relacionadas con el caso de corrupción de Odebrecht en Guatemala, un escándalo que ha dejado profundas secuelas en el país centroamericano.
A través de una nota diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó la decisión guatemalteca como un «atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional». La Cancillería argumentó que la solicitud carece de fundamento jurídico y representa una desviación de los estándares del derecho internacional.
Además, señaló que estas acciones vulneran derechos humanos básicos y exigen, en cambio, procesos transparentes y pruebas sólidas, requisitos que, según Colombia, no se cumplen en este caso.
El Gobierno reiteró su compromiso con la cooperación judicial entre naciones, pero advirtió que estos mecanismos no deben usarse como herramientas de persecución política. Las autoridades colombianas activaron los canales diplomáticos para expresar su rechazo formal y confiaron en que la comunidad internacional reconocerá el uso inadecuado de los procedimientos legales.
Mientras tanto, el embajador Iván Velásquez reaccionó en redes sociales, recordando su labor en Guatemala como excomisionado de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
En un mensaje publicado el lunes 2 de junio, Velásquez mencionó que, tras los avances contra la corrupción en 2015, sectores conservadores iniciaron una «feroz persecución» contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Criticó duramente a la fiscal general guatemalteca y al fiscal Curruchiche, señalados por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción, y afirmó que ahora buscan extender su campaña en su contra y la de Camargo.
Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal, histórica crítica de Velásquez, había cuestionado en el pasado su gestión en Guatemala, calificándola de «cacería de brujas» dirigida contra figuras de derecha. Cabal argumentó que, durante su tiempo en la CICIG, Velásquez habría encarcelado a personas sin suficientes fundamentos legales o basándose solo en el hecho de ser de cierto lado político.
