Comfacasanare pierde batalla jurídica en contra de la Contraloría por fallo en contratación del PAE.
Prensa
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emite su decisión respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Comfacasanare en contra de la Contraloría General de la República fallando a favor delente de control en relación a un fallo de responsabilidad fiscal.
En el presente caso, Comfacasanare interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la República, impugnando el fallo de responsabilidad fiscal contra la Caja de Compensación Familiar de Casanare (Comfacasanare), condenándola a responder de manera solidaria con otros implicados por el daño patrimonial a los recursos de la Gobernación del Casanare, en virtud de que en el marco del convenio de cooperación no. 001 de 14 de mayo de 2012.
La finalidad del contrato era aunar esfuerzos para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del departamento de Casanare por un monto de más de 1.200 millones de pesos, que, al parecer, generó un menoscabo a los recursos de la entidad por trasladar la ejecución de dicho contrato y realizar una intermediación injustificada que resultó más costosa para el Estado.
Tras analizar los argumentos presentados por ambas partes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que no se pudo desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados. Por lo tanto, se denegaron las pretensiones de la demanda.
Además, el Tribunal decidió abstenerse de condenar en costas a la parte demandante, considerando que la demanda tenía un fundamento fáctico y jurídico razonable, y no consiguió desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados, motivo por el cual fueron denegadas las pretensiones de la demanda.
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca zanja el litigio entre Comfacasanare y la Contraloría General de la República. Se destaca la importancia de respetar el debido proceso y los principios de legalidad en la administración de justicia.
