Comfacasanare y todas las cajas de compensación del país con medidas cautelares de la superintendencia, advierte la Contraloría.
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La Contraloría General de la República realizó un estudio sectorial sobre las medidas cautelares adoptadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) a las Cajas de Compensación Familiar en el país. El informe concluyó que los vacíos normativos y las debilidades operativas de la entidad han sido factores determinantes en los diferentes niveles de eficacia y eficiencia de dichas medidas.
El análisis incluyó la evaluación de 24 medidas cautelares aplicadas entre 2019 y 2023. De estas, nueve (38%) obtuvieron calificación satisfactoria, trece (54%) nivel no satisfactorio y dos (8%) casos atípicos que no pudieron calificarse.
El estudio identificó que la problemática que dio origen a las intervenciones está relacionada con la crisis financiera asociada a programas de salud, debilidades en materia legal, administrativa y financiera, y falencias de gobierno corporativo.
La insuficiencia de los recursos de salud y de las propias cajas, así como la restricción del uso de los parafiscales de subsidio familiar —que tienen destinación específica por ley—, dificultan la superación de estas crisis. Además, las medidas cautelares no tienen un límite temporal y algunas se han prolongado por varias vigencias.
El estudio también señaló que la falta de tipificación de causales, criterios, procedimientos y temporalidad puede dar lugar a prácticas inequitativas y al desbordamiento de la discrecionalidad de la Supersubsidio.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-298 del 3 de julio de 2025, declaró la inconstitucionalidad diferida de varias disposiciones del régimen sancionatorio y cautelar del Sistema del Subsidio Familiar, otorgando plazo al Legislativo hasta el 21 de junio de 2027 para expedir la ley que contenga el régimen integral de intervención administrativa.
En la vigencia actual, 13 de las 42 cajas de compensación familiar presentan alguna medida cautelar de la Supersubsidio: dos en vigilancia especial, dos en intervención administrativa parcial y nueve en intervención administrativa total.
La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo adelanta un nuevo estudio sectorial orientado a revisar la incidencia de la sentencia en la adopción de medidas cautelares.
