Comisión de Acusación pide suspender a Gustavo Petro por presunta participación en política en Colombia.
Claudia Villada 
Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara y actual presidenta de la Comisión de Acusaciones, solicitó formalmente la suspensión del presidente Gustavo Petro. La congresista sustenta esta petición en una investigación que ella misma encabeza por la presunta participación del mandatario en actividades políticas.
La medida cautelar es un hecho sin precedentes en la vida institucional del país y busca que el jefe de Estado se aparte de sus funciones hasta el 21 de junio a las 4 de la tarde, coincidiendo con el cierre de las urnas en la segunda vuelta electoral.
El panorama jurídico para esta solicitud enfrenta obstáculos significativos debido al diseño constitucional colombiano.
Según la normativa vigente, la Comisión de Acusaciones actúa como un organismo de instrucción, pero carece de la facultad autónoma para suspender a un presidente. Este poder reside exclusivamente en el Senado de la República, después de que la plenaria de la Cámara de Representantes apruebe el expediente por mayoría absoluta, un camino largo que solo ha avanzado de forma similar en la década de los noventa.
Las reacciones desde el Ejecutivo no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la iniciativa de ilegal y argumentó que la voluntad de una sola representante no puede pasar por encima de las competencias legislativas establecidas. Mientras el debate escala en Bogotá, el presidente Petro se encuentra en Nueva York para participar en sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU y aún no emite un pronunciamiento directo sobre la solicitud de Arizabaleta.
El trasfondo de esta crisis se vincula con el apoyo del gobierno a la campaña presidencial de Iván Cepeda.
Algunos medios de comunicación han publicado artículos donde presuntmente se muestran indicios de esta cercanía, que incluyen desde presuntos convenios millonarios con organizaciones señaladas por el propio Estado hasta instrucciones internas en ministerios para coordinar respaldos digitales.
Actualmente, la Procuraduría mantiene bajo investigación a seis ministros por conductas relacionadas con la indebida participación en el proceso electoral. En el Congreso, sectores del Pacto Histórico sostienen que la decisión de la representante Arizabaleta ni siquiera ha sido radicada de manera oficial para su discusión colectiva.
