Compromisos alcanzados con el Gobierno Nacional tras levantamiento de paro minero en Boyacá.
Claudia Villada
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El Ministerio del Interior de Colombia anunció el logro de un acuerdo crucial para el levantamiento gradual de los bloqueos que afectaron a los municipios del occidente de Boyacá en el marco de un paro minero. Esta concertación fue el resultado de una mesa de diálogo sostenida en Tunja entre el Gobierno Nacional y los mineros del municipio de San Pablo de Borbur.
La decisión de levantar las movilizaciones quedó supeditada al cumplimiento de una serie de diez compromisos esenciales, cuya revisión se programó para los días siguientes.
Entre los acuerdos destacados, se definió la celebración de una reunión institucional para el martes 12 de agosto.
En este encuentro participarían diversas carteras gubernamentales, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Gobernación de Boyacá y el Ministerio de Energía, con el propósito de revisar los protocolos de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil) en la región.
Para la misma fecha, se programó un encuentro con la empresa Fura Gems, la cartera de Trabajo y otras entidades con el fin de abordar la compleja situación de conflictividad en el municipio de Coscuez, un área reconocida por su producción de esmeraldas, buscando así definir soluciones conjuntas.
El Ministerio del Interior indicó que, posterior a estas reuniones iniciales, se establecería una nueva jornada de trabajo. Esta sesión contaría con la participación de entidades nacionales, departamentales y municipales, el ministerio público y voceros de las comunidades, para evaluar los avances y materializar acuerdos definitivos que brinden estabilidad. Se enfatizó la importancia de generar piezas comunicativas diseñadas para prevenir la estigmatización de los líderes mineros, un paso vital para construir confianza.
Adicionalmente, se pactó un firme respeto a la economía local y la arraigada tradición minera de la zona. El acuerdo también incluyó mantener una estrecha articulación entre el gobierno nacional, el departamental y las comunidades, así como la creación de espacios de diálogo permanentes para una resolución pacífica y duradera de los conflictos.
Este pacto surgió en un contexto de millonarias pérdidas para el transporte en la región y la amenaza de riesgo para más de 500.000 litros de leche debido a los bloqueos.
