Comunidad de El Taladro exige a Perenco el retiro de denuncias contra sus líderes sociales, Vecinos de El Taladro se declaran en asamblea permanente.
Claudia Villada 
La comunidad del corregimiento El Taladro, en el municipio de Yopal, mantiene un respaldo unánime hacia Robinson Torres y Miguel Barrera, voceros locales que enfrentan procesos judiciales tras encabezar jornadas de protesta por el acceso al gas domiciliario.
Los habitantes denuncian que la multinacional petrolera Perenco interpuso querellas legales contra estos representantes a raíz de una manifestación pacífica que buscaba restablecer el servicio para más de 400 familias de la zona. Según los testimonios recolectados en el sector, la movilización se desarrolló en las vías exteriores sin interrumpir la operación técnica ni el ingreso de suministros vitales a las instalaciones de la compañía.
Durante un reciente intento de conciliación, el líder Robinson Torres señaló que la empresa condicionó el cese de las acciones legales a la firma de un documento de desistimiento definitivo.
En este acuerdo, el vocero debía comprometerse a no volver a convocar a la comunidad para realizar manifestaciones contra la petrolera, exigencia que Robinson Torres interpreta como un mecanismo de presión para silenciar la defensa de los intereses colectivos. Además, el representante comunitario denunció ser objeto de un seguimiento fotográfico constante por parte del personal de seguridad de la firma en diversos puntos del corregimiento.
El panorama actual ha generado una profunda inquietud por el bienestar de Miguel Barrera, cuya salud física y mental se ha visto deteriorada por el agobio derivado de la presión judicial.
José Suárez, referente de la cultura llanera en la región, cuestionó que la organización envíe delegados del área social sin facultades de decisión a las mesas de diálogo, lo que posterga soluciones efectivas a los conflictos locales. Suárez advirtió que, si no se resuelve la situación jurídica de los dos líderes, los cientos de usuarios afectados se movilizarán masivamente hacia las sedes de la empresa para demandar una respuesta inmediata.
Por otro lado, antiguos residentes del sector manifestaron que la política administrativa y social de la compañía ha experimentado una transformación drástica, percibiendo un distanciamiento de las necesidades básicas tras décadas de explotación petrolera en el territorio.
La postura de los vecinos es de una solidaridad inquebrantable; sostienen que, si las autoridades ejecutan las querellas o los comparendos contra los voceros, las sanciones deben extenderse a todos los habitantes que participaron en la protesta, pues la exigencia del derecho al gas domiciliario fue una acción comunal. Ante esta realidad, los líderes solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para que vigile el respeto a sus derechos en el ejercicio del liderazgo social.
