Comunidades de Orocué en “Asamblea Permanente” bloquean acceso a estación Pointer exigiendo respuesta de CEDCO
Claudia Villada
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La situación en la estación Pointer, ubicada en Orocué Casanare, se tornó tensa luego de que la comunidad, liderada por propietarios de vehículos tipo camioneta, declarara «Asamblea Permanente» desde el pasado 13 de enero. Este bloqueo busca presionar a Colombia Energy Development Co. (CEDCO) para que reevalúe su negativa de modificar los turnos de transporte, una solicitud reiterada por los afectados.
Según el documento enviado por CEDCO, la solicitud de reducir los turnos de transporte de 24 a 12 horas, como se hacía con operadoras anteriores, no es viable debido a las necesidades operativas y presupuestarias de la estación Pointer. La empresa argumentó que el promedio de recorrido de los vehículos es de entre 50 y 80 kilómetros diarios, salvo en casos excepcionales, por lo que ampliar el número de camionetas incrementaría los costos y afectaría la viabilidad económica de la operación.
No obstante, los manifestantes aseguran haber agotado los canales formales, como PQR y comunicaciones directas, sin obtener soluciones satisfactorias.
CEDCO advirtió sobre las graves consecuencias del bloqueo, que impide la entrada y salida del personal en turno, el transporte de 800 barriles de crudo diarios y la evacuación de aguas residuales, situación que podría generar riesgos sanitarios.
Adicionalmente, se señaló que las operaciones prolongadas sin relevo afectan la salud física y mental de los trabajadores, mientras que las demoras en el transporte de crudo generan pérdidas económicas significativas.
La compañía reiteró su disposición a dialogar para buscar soluciones conjuntas, pero pidió el cese inmediato de las vías de hecho. Asimismo, instó a la comunidad a reflexionar sobre las afectaciones que su accionar genera tanto a las operaciones como a los trabajadores del campo.
En la comunicación, CEDCO indicó que la situación fue informada a la Alcaldía de Orocué, la Secretaría de Gobierno municipal y departamental, la Personería y la Defensoría del Pueblo, para garantizar la intervención oportuna de las autoridades competentes.
