Claudia Villada 
El concejal Ociel Ortiz hizo una nueva denuncia pública sobre una situación que, según manifestó, pone en riesgo su integridad personal. Las presiones vendrían a través de llamadas telefónicas y la recepción de panfletos extorsivos.
El concejal relató que, aproximadamente entre enero o febrero, recibió un panfleto de extorsión que hacía referencia a un frupo armado ilegal. En aquel momento, puso el hecho en conocimiento de las autoridades, incluyendo al secretario de gobierno departamental, y pensó que el asunto no escalaría más.
Sin embargo, hace unos 15 o 20 días, recibió una llamada desde un número colombiano donde le preguntaron por qué no se había «puesto al día con lo de la noticia». Inmediatamente después, la llamada fue colgada. Aunque inicialmente no le prestó mayor atención, hace aproximadamente dos días, recibió otra llamada, esta vez de un número privado, y le enviaron por WhatsApp una copia del mismo documento que había recibido meses antes.
Este último contacto generó una gran preocupación en el concejal, ya que le indicaron que era uno de los que no se había «puesto al día con la organización» y que esperaban que lo hiciera en un tiempo muy corto, en referencia al documento. Esto le confirmó que la situación no había terminado, como él creyó en un principio.
El concejal decidió hacer la denuncia públicamente ante lo que percibe como una falta de respuesta directa de las autoridades competentes para vigilar estos casos. Expresó que la situación podría ser seria, aunque no tiene certeza de si se trata de un grupo armado ilegal o de delincuencia común buscando extorsionarlo.
Según la llamada recibida hace unos 15 días, los presuntos extorsionistas le estarían haciendo seguimiento desde Paz de Ariporo. El concejal mencionó que realizó un trabajo en ese municipio hace aproximadamente año y medio o dos años.
El concejal describió el tono de las llamadas como autoritario y exigente, demandando el cumplimiento de lo escrito en el documento recibido. Este fue el tono de la llamada de hace 15 o 20 días, ratificado posteriormente por la llamada del número privado, lo cual dificulta el rastreo. El tono fue descrito como un poco agresivo y grosero.
Aunque el panfleto es una advertencia fechada supuestamente el 2 de febrero del presente año, hasta el momento no se ha realizado una exigencia económica directa. La comunicación solo indica que se ponga al día con la organización, señalándolo como uno de los que ha «hecho caso omiso a esta advertencia».
El concejal enfatizó que espera que las autoridades competentes tomen el asunto con seriedad, considerando que no es un caso menor. Mencionó que, si bien no es una figura pública al nivel de otras personas, es un ser humano que merece atención a las advertencias. Esta situación, la verdad es que, ha escalado después de casi cuatro meses de haber recibido la carta extorsiva.
Sobre si puso esta situación en conocimiento de las autoridades, el concejal afirmó haber hablado personalmente con el secretario de gobierno departamental y algún comandante de la policía, compartiendo la imagen del panfleto. Sin embargo, hasta la fecha de la denuncia, no había recibido seguimiento ni respuesta de la secretaría de gobierno ni de las autoridades competentes. Se desconoce si se está utilizando tecnología e inteligencia para determinar el origen de la carta, si proviene de un grupo armado o de delincuencia común.
