La controversia en torno a la contratación en el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal (ICTY) ha escalado tras la respuesta de la directora Gladys Yirlady Pérez Vega, quien recientemente fue llamada a dar cuentas sobre presuntas irregularidades en su gestión.
En el centro del debate está la asignación de más de 80 millones de pesos a una sola persona en dos contratos para una breve presentación de una hora en un evento cultural, una decisión que ha generado malestar en el gremio de folcloristas y ha sembrado dudas sobre la transparencia del proceso de contratación en el ICTY.
Ante este panorama, un grupo de concejales de Yopal, entre ellos Karen Vargas Unibio, Jhon Jairo Peynado Correa, Cristóbal Torres Pérez, Rafael Antonio Vargas, Gustavo Martínez Urda, Wilson García Pesca y Gonzalo Viancha Torres, enviaron un cuestionario a Pérez Vega.
No obstante, el documento no incluyó ningún cuestionamiento sobre los contratos en disputa, a pesar de ser esta la razón que motivó el control político. La respuesta de Pérez Vega, por su parte, se centró en ofrecer un desglose técnico y general de las actividades del ICTY, sin abordar de manera directa las acusaciones de asignación discrecional de contratos.
Anteriormente, un bloque de concejales liderado por Felipe Becerra había enviado un cuestionario alternativo que abordaba los puntos críticos en la gestión de Pérez Vega, pero su iniciativa fue opacada por la acción mayoritaria que impulsó un listado de preguntas generales y técnicas, desviando el foco de las inquietudes ciudadanas.
Este cuestionario omisivo, promovido por concejales cercanos al gobierno de Marco Tulio Ruiz, ha sido percibido por muchos sectores como una maniobra para proteger a la actual administración del ICTY y evitar un verdadero control político.
No es la primera vez que este grupo de concejales toma decisiones que, según señalan otros funcionarios, obstaculizan la supervisión de la gestión pública. Un ejemplo reciente de este comportamiento fue la cancelación de un debate de control al secretario de Gobierno, convocado por el concejal Ociel Ortiz, el cual fue bloqueado por la mayoría de los concejales afines a la administración actual.
Estas tácticas han generado un creciente descontento en la comunidad, que observa con preocupación cómo el concejo parece priorizar intereses partidarios por encima de sus responsabilidades en la supervisión de la administración pública.
El ICTY, responsable de fomentar y gestionar la cultura y el turismo de Yopal, ha enfrentado críticas por la aparente falta de convocatoria y dinamismo en sus eventos bajo la gestión de Pérez Vega.
La situación se complica aún más con las crecientes sospechas sobre el sistema de contratación, y la ausencia de control efectivo por parte de las denominadas Mayorías del Concejo Municipal, que genera un clima de desconfianza en la transparencia de la administración actual.
La actual directora del ICTY ha manifestado que no existe ninguna irrgularidad en sus contratos, a pesar de que en losultimos días se presentó la intempestiva salida de ese instituto de la asesora jurídica por motivos que aun se desconocen.