Condenado exalcalde Jhon Jairo Torres denuncia al alcalde Marco Tulio Ruiz por atentar contra su buen nombre.
Claudia Villada
3 min de lectura
El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, condenado por urbanización ilegal, presentó una denuncia contra el actual alcalde, Marco Tulio Ruiz, y la secretaria de Planeación, Patricia Cárdenas. Torres argumentó que ha sido señalado injustamente de promover nuevamente urbanizaciones ilegales en la región.
El condenado exmandatario justificó su papel como “asesor” en la compra de predios por parte de familias de bajos recursos, negando que esto implique una acción ilegal. No obstante, en declaraciones a medios de comunicación, ha manifestado que no está promoviendo urbanizaciones, pero a la siguiente frase manifiesta que estos terrenos serán utilizados en el futuro para la construcción de viviendas, lo que es una evidente contradicción, y ha generado dudas sobre su verdadera intención.
Expertos en derecho urbano han señalado que, aunque la compra de los terrenos en sí misma no constituye un delito, la mayoría de estos predios se encuentran en áreas rurales y lejos de las áreas de expansión urbana de la ciudad, donde, según la legislación vigente, no pueden fraccionarse en extensiones menores a una hectárea. Esto hace inviable la titulación legal de lotes para vivienda en dichos terrenos.
Además, las autoridades han alertado sobre los problemas de infraestructura que podría generar un proyecto de este tipo, ya que la capital de Casanare no cuenta con la capacidad para suministrar servicios públicos a una urbanización masiva.
En caso de no contar con acceso a agua potable, energía y saneamiento, los compradores tendrían que autogestionar y suministrar ellos mismos estos servicios, lo que requiere de una licencia ambiental por parte de Corporinoquia y una Licencia de la Superintendencia de Servicios Público, de la cual no se tiene registro de trámite.
El antecedente de la Ciudadela La Bendición, considerada en su momento la invasión más grande del país, ha sido citado como un ejemplo de las consecuencias de proyectos de este tipo. Según informes oficiales, hasta la fecha se han invertido más de 150.000 millones de pesos del erario público para tratar de mitigar los problemas sociales derivados de su desarrollo irregular.
En un audio publicado por el mismo J. J. Torres, antes de conocerse la denuncia, manifestó abiertamente que “se vendría una tormenta” y aseguró que seguirá adquiriendo terrenos para sus asesorías inmobiliarias bajo un esquema denominado “10 mil socios”, en el que dividiría predios en lotes, pasándose por la faja la normativa urbanística vigente en el país.
Esta declaración, sumado a los ataques de los que han sido victima algunos funcionarios y medios de comunicación a través de las redes sociales, han llamado la atención de las autoridades, ante una posible incitación a la violencia de parte del condenado exalcalde hacia sus detractores, que se podría entender como una motivación a sus “asesorados” para que en algún momento, puedan llegar a atacar físicamente a quienes consideren sus enemigos.
