El exacalde de Yopal Leonardo Puentes, quien instauró la demanda de nulidad habló sobre esta decisión y la posibilidad que se abre para ponerle fin a la concesión de tránsito en Yopal.
Cerca de 5 años tardó el Consejo de Estado en pronunciarse respecto a la recusación hecha por la unión temporal Servicios Tecnológicos de Tránsito de Yopal – SETTY a magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare, quienes darían fallo en segunda instancia en la demanda que se adelanta contra el proyecto de acuerdo que creó la concesión por 20 años.
La alta corte dio concepto negativo a la recusación, la cual califica el exmandatario Puentes fue una maniobra de dilación de la concesión que funcionó, por el tiempo de espera para la decisión, lo que ha permitido que Setty siga operando normalmente y complete cerca de 8 años a cargo de los cobros por temas de tránsito e infracciones en la capital.
La acción jurídica fue instaurada en 2016 por el exalcalde Leonardo Puentes, en 2017 se dio fallo de primera instancia a favor del demandante por parte del Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, la cual fue apelada, pasando a manos del Tribunal Administrativo para fallo de segunda instancia. En 2018 Setty hizo la recusación.
Se espera que con la decisión del Consejo de Estado se obtenga por fin la decisión de segunda instancia en la demanda de nulidad simple del acuerdo municipal 023 del 25 de diciembre de 2013 expedido por el Concejo de Yopal, así como el contrato de concesión 1084 del 8 de septiembre de 2014 suscrito entre el municipio y la U.T Setty.
El exmandatario anunció también que el Consejo de Estado se pronunció respecto al proceso que se adelanta por la reclamación de Setty a la Alcaldía Municipal del pago de más de 5 mil millones por los vehículos abandonados en los parqueaderos de tránsito municipal. La petición fue negada.
En 2017 se realizó un acuerdo de pago por parte del mandatario de la fecha, el cual fue reversado por Leonardo Puentes a su llegada a la Alcaldía, Setty inició el proceso judicial en reclamación al pago, El Consejo de Estado consideró que es ilegal y que como concesión asumió todos los riesgos.