Contraloría detecta hallazgos fiscales por $8.839 millones en administración de bienes de la SAE.
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La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por 8.839 millones de pesos en la administración de los bienes y sociedades que estaban bajo extinción de dominio a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias de 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
En desarrollo de la auditoría, el ente de control identificó un total de 22 hallazgos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria.
Entre las deficiencias evidenciadas en el seguimiento realizado por la Contraloría se encuentran problemas en la administración de bienes y en la ejecución de los procedimientos de desalojos; insuficiencia de controles en los mecanismos de seguimiento a los depositarios; y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas involucradas en los procesos misionales.
El informe también señala la omisión en la aplicación de normas y procedimientos internos, así como el incumplimiento sistemático de los lineamientos establecidos para la ejecución de desalojos de inmuebles, la elaboración de estimados de renta, los procesos de comercialización y los procedimientos de rendición de cuentas.
Se identificaron deficiencias en el seguimiento y control de los contratos de arrendamiento de los inmuebles y falta de control y seguimiento a las funciones de los depositarios. El análisis permitió detectar contratos vigentes sin las pólizas exigidas, subarriendos no autorizados, aplicación de descuentos improcedentes, y falta de control sobre reparaciones y obligaciones del arrendatario.
También se evidenciaron deficiencias en los mecanismos de evaluación, seguimiento y control a cargo de la oficina de control interno, y en los procesos de enajenación, comercialización, asignación y chatarrización de vehículos, lo que ha generado pérdida de valor. Se identificó que estos vehículos están almacenados en patios por periodos superiores a seis años, generando costos de bodegaje por 1.090 millones de pesos entre 2021 y 2025.
La Contraloría informó que evaluará la efectividad de las acciones emprendidas por la SAE para eliminar las causas que originaron los hallazgos. También realizará seguimiento al plan de mejoramiento que debe incorporar la entidad con acciones y metas de carácter correctivo o preventivo.
