
La Contraloría General de la República reveló un hallazgo alarmante: 718 contratos estatales, por un valor combinado de $758.118 millones, fueron suscritos por personas y empresas inhabilitadas fiscalmente.
El descubrimiento se logró gracias al nuevo modelo predictivo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
Entre los casos más graves, se identificaron 30 contratos activos por $20.247 millones, firmados por 24 responsables con inhabilidades vigentes. Además, 688 contratos adicionales, valorados en $737.871 millones, correspondieron a 287 contratistas que regularizaron su situación fiscal después de firmar.
Dos entidades destacaron por su reincidencia: la Caja de Compensación Familiar del Caquetá y COMPAMILIAR de Cartagena, ambas con historiales previos de irregularidades.
Los datos surgieron del cruce entre las bases del SECOP y el sistema SIBOR, cubriendo el período entre agosto de 2022 y mayo de 2025. La Contraloría notificará a las entidades competentes para tomar acciones, reforzando el control fiscal preventivo.