Contraloría revela enorme riesgo en pago de pensiones de militares y policías.
Claudia Villada
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La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre una creciente presión fiscal generada por el régimen de pensiones de la Fuerza Pública. Un estudio sectorial de la entidad, que analizó más de 200 millones de registros, revela que el gasto en este rubro superó los 11,68 billones de pesos en 2023, equivalente al 0,71% del Producto Interno Bruto del país.
Las proyecciones son aún más preocupantes. Los cálculos estiman que los pasivos futuros, es decir, las obligaciones por pagar, podrían alcanzar un rango entre 42,3 y 62,3 billones de pesos para las Fuerzas Militares y entre 58,0 y 80,6 billones para la Policía Nacional. Esto representa una carga financiera masiva que hipoteca parte del futuro económico de la nación. El informe subraya que este pasivo es extremadamente sensible a los vaivenes de la inflación y las tasas de descuento, lo que añade una capa extra de vulnerabilidad a las ya tensionadas finanzas públicas.
El estudio no solo mira hacia adelante, también diagnostica problemas del pasado. La investigación identificó inconsistencias importantes en los datos históricos, con registros duplicados y errores en fechas clave que complican una trazabilidad precisa. Esto evidencia la urgente necesidad de modernizar los sistemas de información que soportan el régimen.
Entre 2008 y 2023, la estructura demográfica de las Fuerzas Militares cambió de forma significativa. Su personal activo se redujo de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras que el número de retirados no dejó de aumentar, alcanzando el 12,8% del total en 2023. Este envejecimiento progresivo de la fuerza, especialmente en los grados de oficiales y suboficiales, ejerce una presión constante sobre la caja del sistema. El número total de beneficiarios, incluyendo pensiones de retiro, invalidez y sobrevivencia, se disparó de 41.227 a 111.908 personas en ese mismo periodo.
Frente a este panorama, la Contraloría plantea una serie de recomendaciones cruciales para evitar una crisis mayor. Propone revisar los parámetros de retiro para los soldados y policías de menor rango, buscando criterios más equitativos.
También insta a la creación de reservas actuariales y mecanismos de monitoreo automático que permitan anticipar riesgos. Para garantizar la sostenibilidad, sugiere diversificar las fuentes de financiamiento, con mayores aportes de los miembros en servicio, la creación de fondos de reserva e incluso el uso de recursos extraordinarios como bienes incautados.
El llamado es claro: se requieren reformas graduales que equilibren la responsabilidad fiscal del Estado con la protección de los derechos adquiridos de quienes integran la Fuerza Pública.
