Un informe de la Contraloría Departamental de Casanare puso en evidencia múltiples irregularidades en la gestión contractual del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal (ICTY) durante 2024. La investigación, que incluyó la revisión de 21 contratos, reveló hallazgos administrativos y fiscales, especialmente en relación con sobrecostos y deficiencias en la planeación.
Uno de los casos destacados es el contrato N° 119 de 2024, suscrito por $30 millones con el artista Pedro José Zárate, conocido como Pedro Palencia, para una presentación artística de música llanera. Según el informe, el valor del contrato superó en $9,1 millones el promedio histórico de $20,8 millones para eventos similares. La Contraloría indicó que este costo no fue debidamente justificado en el estudio de mercado realizado por el ICTY.
Otro contrato señalado es el N° 114 de 2024, adjudicado a Jhool Alexander Marín Mendoza por un monto de $53 millones para un espectáculo de danza. El análisis reveló que este valor superó en $35 millones el promedio histórico de $18 millones registrado en contrataciones similares. La Contraloría determinó que no existían justificaciones claras para el valor del contrato y recomendó investigar el posible detrimento patrimonial.
El informe también destacó presuntas irregularidades relacionadas con inhabilidades de contratistas. Jhool Alexander Marín Mendoza, beneficiario del contrato N° 114, estaría vinculado laboralmente a una entidad pública, lo que podría inhabilitarlo para contratar con el Estado. Además, se identificaron vínculos entre Marín y Jerson Jara, representante de fundaciones recurrentes en los contratos del ICTY, como la Fundación Casanari y la Fundación Cultural Danco Colombia.
Según la investigación, estas entidades habrían captado múltiples contratos mediante prácticas cuestionables, como la falta de ejecución real de los servicios contratados y la presentación de soportes inconsistentes.
El contrato N° 123 de 2024, adjudicado a Jerson Jara y su fundación, también fue señalado por inconsistencias y por se un contratista frecuente de este instituto.
La Contraloría cuestionó que los pagos acumulados en menos de un año, fueron superiores a $1.000 millones, utilizados para actividades artísticas cuyos valores exceden los costos históricos.
Asimismo, el contrato N° 121 de 2024, por $30 millones, adjudicado al artista Joaquín Rojas, fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en su ejecución. Según el informe, la presentación no se realizó en el lugar estipulado, lo que podría implicar un incumplimiento contractual.
El ente de control recomendó al ICTY implementar medidas para fortalecer la planeación, justificar de manera adecuada los costos en estudios de mercado y asegurar la transparencia en la contratación pública. Además, solicitó compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para investigar posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales.
Estos hallazgos reflejan la necesidad de mayor rigurosidad y control en la gestión de recursos públicos destinados al fomento de la cultura en Yopal.