La Contraloría General de la República ha emprendido una actuación especial de fiscalización destinada a esclarecer el destino de las reservas técnicas que la EPS Sanitas debía haber constituido para cubrir deudas y contingencias relacionadas con el pago a proveedores y servicios médicos.
Este proceso surge en respuesta a las preocupantes irregularidades vinculadas a la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de las Droguerías Cruz Verde a los beneficiarios de la EPS Sanitas; estas deficiencias abarcan medicamentos que no forman parte del Plan de Beneficios en Salud, así como los derivados de este.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha elevado a la categoría de Impacto Nacional estos incidentes, lo que supone un fuerte énfasis en su trascendencia, para obtener un conocimiento detallado de la situación, la Contraloría General ha establecido un equipo especializado dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Con la declaración de Impacto Nacional, se busca obtener resultados de manera expedita, salvaguardando los recursos de la salud, que están siendo estrechamente vigilados por esta entidad.
Durante el último año, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción ha tratado 14 casos relacionados con temas de salud por un total de $630.933 millones. Estas investigaciones han resultado en 4 imputaciones de responsabilidad fiscal por $274.201 millones y 3 fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia por $389.619 millones.
El Vicecontralor en funciones de Contralor General ha recordado la importancia de proteger los derechos de los pacientes y garantizar la continuidad de los tratamientos para enfermedades críticas.
Además, la entidad está evaluando el estado contable de las EPS para la vigencia 2022 y llevando a cabo una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud, un ejercicio que involucra alrededor de 240 billones de pesos.