Claudia Villada 
La Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno nacional sobre la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas. El pasado viernes fue declarado insubsistente el director general de la entidad, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.
Entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado a cinco personas distintas en la Dirección General, una rotación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas.
La entidad defensorial observa con preocupación los hechos informados por medios de comunicación, relacionados con presuntos actos de corrupción.
Estas situaciones, de confirmarse, exigen una atención inmediata y respuestas claras por parte del Gobierno, así como la intervención de los organismos de control competentes. La Defensoría exhortó formalmente al Gobierno Nacional a dar respuesta a estos cuestionamientos.
La estabilidad y transparencia en la coordinación de los procesos de la Unidad para las Víctimas son fundamentales, según el organismo, para impulsar medidas en favor de un universo que representa aproximadamente el 20% de la población del país. Esto es particularmente crucial para las víctimas priorizadas por el CONPES de Soluciones Duraderas y la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
