La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 023-2023 para la ciudad de Yopal y el municipio de Aguazul, en Casanare, debido al accionar de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo). La alerta destaca la necesidad de que el Gobierno y las autoridades locales tomen medidas preventivas y humanitarias para proteger a la población.
La Alerta Temprana revela que al menos 148.000 habitantes de Yopal y Aguazul se encuentran en alto riesgo de violación de sus derechos debido a los intentos de los grupos armados ilegales por retomar el control en la región. Se evidencia la reactivación y consolidación de estructuras insurgentes, así como la intención de retomar las áreas donde ejercieron control territorial en el pasado.
En el caso de las disidencias de las Farc, específicamente los frentes 10 y 28, se realizan acciones armadas, publicitarias y mediáticas, así como presiones a las comunidades y recaudación de finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional. Por su parte, el ELN ejerce presión no solo sobre la población, sino también contra líderes sociales, reclutando a niñas, niños y adolescentes. Además, se destaca que las fuerzas de seguridad del Estado y sus instalaciones en los cascos urbanos de Aguazul y Yopal han sido blanco de las acciones criminales de este grupo armado.
Otro grupo armado que representa una amenaza para ambas poblaciones son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), quienes buscan consolidarse en la región para llevar a cabo actividades ilícitas de microtráfico hacia el centro del país y expandirse a través de corredores de narcotráfico hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
La Defensoría del Pueblo ha presentado 32 recomendaciones al Gobierno y a las autoridades locales para abordar los riesgos identificados en la Alerta. Es urgente implementar medidas preventivas y humanitarias para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales y proteger a la población afectada.