Defensoría del Pueblo alerta que el 34% de las tutelas en el país son para reclamar el derecho a la salud.
Claudia Villada 
La Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico según el cual las acciones de tutela para reclamar la protección del derecho a la salud en Colombia pasaron de 265.173 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, lo que representa un aumento del 17,92 % y confirma la persistencia de barreras estructurales en el acceso efectivo a este derecho fundamental.
Actualmente, las tutelas en salud equivalen al 34 % del total de estas acciones judiciales, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en el país.
De acuerdo con la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, “la salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención”.
La tasa de concesión de estas acciones alcanza el 74,3 %, lo que, según la entidad, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos.
El informe, elaborado con base en datos de la Corte Constitucional, revela que las citas con especialistas constituyen el hecho más frecuente (26,4 %), seguidas por la solicitud de medicamentos (23,6 %), transporte y viáticos (21,3 %), hospitalización (19,7 %) y tratamiento integral (17,5 %).
Las enfermedades del sistema circulatorio lideran los diagnósticos (12,2 %), seguidas de las afecciones osteomusculares (9,9 %), neurológicas (8,5 %) y endocrinas (8,0 %). Las patologías de mayor complejidad, como el cáncer y las afecciones neurológicas graves, están sobrerrepresentadas en las tutelas en comparación con su frecuencia en la población atendida en el sistema de salud.
El estudio también evidencia una alta heterogeneidad entre las EPS. Mientras Nueva EPS acumula el mayor volumen absoluto de tutelas (63.176), Savia Salud presenta una tasa de 118,8 por cada 10.000 afiliados (2,6 veces el promedio del sistema) y el INPEC exhibe la tasa más alta: 203,5 por 10.000, lo que refleja los problemas estructurales de atención en el sistema penitenciario.
Uno de los hallazgos más relevantes es la relación inversa entre pobreza y judicialización: los departamentos con mayores niveles de pobreza multidimensional, como Vichada, La Guajira y Chocó, presentan las tasas más bajas de tutelas. La Defensoría advierte que esto no indica un mejor desempeño del sistema de salud, sino dificultades de acceso a la justicia en esos territorios.
Frente a este panorama, la Defensora Iris Marín Ortiz insistió en la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que garantice el acceso efectivo, reduzca la judicialización y responda de manera oportuna a las necesidades de la población, especialmente en zonas rurales y para los grupos de especial protección constitucional.
