Demandan decreto de salario mínimo 2026: ¿Podría caerse el aumento del 23.7% en Colombia?.
Claudia Villada 
La tranquilidad de millones de hogares colombianos respecto a sus ingresos de 2026 ha entrado en una zona de turbulencia legal, tras la publicación del decreto de aumento del salario mínimo y la posterior radicación de la primera demanda contra el decreto, que fijó el aumento en un 23,7%.
Esta acción judicial, interpuesta por el politólogo Josías Fiesco ante el Consejo de Estado, pone sobre la mesa un escenario de incertidumbre que recuerda episodios amargos del pasado reciente.
Expertos como el abogado Francisco Bernate advierten que el máximo tribunal administrativo se enfrenta a una decisión de todo o nada, ya que no tiene la facultad de ajustar el porcentaje, sino únicamente de decidir si el decreto sigue con vida o desaparece por completo del ordenamiento jurídico.
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que ya existe un precedente que marcó un hito en la historia laboral del país.
En 2017, el mismo tribunal anuló el incremento decretado para el año 2016 bajo el argumento de que el Gobierno de turno no justificó técnicamente por qué ese porcentaje era el adecuado frente a variables como la inflación y la productividad.
Si el actual decreto llegara a ser anulado durante este mismo año, el país podría verse obligado a regresar al salario de 2025, que era de $1.423.500, o esperar a que el Ejecutivo emita un nuevo acto administrativo con una motivación mucho más sólida y razonable.
La abogada Mirna Wilches señala que la fijación del salario no es un cheque en blanco para el mandatario, pues existen parámetros legales definidos en la Ley 278 de 1996 que no pueden ignorarse sin caer en un vicio de legalidad.
Mientras el Gobierno defiende la medida como una apuesta para dinamizar la economía popular y mejorar las condiciones de vida, los juristas advierten sobre la posibilidad de una falsa motivación si no se explica con claridad cómo se ponderaron las cifras del Dane. La gran paradoja de este proceso es que, si la justicia tarda más de un año en decidir, como ocurrió en el caso de 2016, la sentencia podría llegar cuando ya sea demasiado tarde para generar un impacto real en los pagos mensuales de los trabajadores.
El derecho al salario mínimo es una protección constitucional, pero su aplicación práctica hoy se encuentra en manos de los jueces.
Para el trabajador de a pie, esta batalla en los estrados judiciales es como caminar sobre una cuerda floja donde la estabilidad de su bolsillo depende de tecnicismos y tiempos procesales.
