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Un grupo de ciudadanos en Yopal radicó una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la Nación contra una mujer identificada preliminarmente como Linda Alejandra Rubiano Rodríguez.
Los afectados la señalan de utilizar uniformes, insignias y carnés falsos para presentarse como psicóloga, neuropsicóloga o neurocirujana vinculada al Ejército Nacional, lo que le habría permitido ejecutar diversas modalidades de estafa.
Uno de los casos mas relevantes es el de Manuel Valencia Estrada, quien arrendó una vivienda a la mujer creyendo que trabajaba en el área de salud mental militar. Valencia relató que ella no solo incumplió el pago del arriendo, sino que intentó comprar la vivienda mediante un contrato con cláusulas irregulares, las cuales también incumplió.
El propietario debió instalar cadenas en su inmueble para intentar recuperarlo, irónicamente, según lo establecido por la ley, tiene que esperar a que la mencionada mujer se digne desocupar la residencia y se vió obligado a retirar el seguro y permitir el ingreso de la ujer y sus dos pequeños hijos.
Otra persona denunció que esta mujer logró que le prestara más de doce millones de pesos bajo falsas promesas.
Tambien se registraron denuncias de personas que aseguran haber entregado entre cinco y doce millones de pesos con la promesa de obtener empleos como escoltas o docentes en instituciones militares.
Según los testimonios, Rubiano Rodríguez utilizaba un lenguaje convincente, mencionaba nombres de altos mandos inexistentes y creaba perfiles falsos en redes sociales para simular procesos de contratación legítimos, desapareciendo después de recibir el dinero.
Una médica especialista narró que fue engañada con la promesa de resolver un proceso legal mediante supuestos contactos con magistrados, entregando veinticinco millones de pesos.
Exempleadas domésticas de la mujer afirmaron que ella recibía pacientes en su residencia cobrando por consultas falsas de neurocirugía, además de denunciar el impago de sus salarios, maltrato hacia sus hijos y tácticas de intimidación.
La comunidad de víctimas, que suma cerca de veinte personas en las denuncias recientes, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía. Mientras l<exigen a la Fiscalía avanza rápidamente con las investigaciones, los afectados invitan a otros posibles perjudicados a sumarse a la acción legal para evitar la impunidad.
