Desarticulan clan familiar de funcionario de la DIAN en Barranquilla, dedicado al lavado de activos.
Prensa
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La Fiscalía General de la Nación logró desmantelar una red delictiva familiar dedicada al lavado de activos producto de actividades de contrabando en el norte del país. Cinco integrantes de la misma familia fueron puestos en evidencia y capturados en Barranquilla, Atlántico, como parte de una operación conjunta llevada a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.
Los detenidos fueron identificados como los esposos Jorge Emilio Domínguez Rodríguez e Iris del Carmen Oviedo Cantillo, sus hijos Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, y su nuera María Luisa Arango Vergara. En las diligencias realizadas, se logró incautar una importante cantidad de divisas, dinero en efectivo, joyas y documentos de interés para el desarrollo de las investigaciones.
Las evidencias recabadas indican que Domínguez Rodríguez, quien ocupaba un cargo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto de Barranquilla, habría omitido sus labores de control aduanero, facilitando así el paso de mercancía de contrabando y la evasión de los filtros establecidos por la entidad.
Como consecuencia de sus acciones, habría recibido sumas de dinero que posteriormente invirtió en diversos negocios, incluyendo la ganadería, la compra de tierras en Planeta Rica (Córdoba) y la adquisición de vehículos de transporte público en Barranquilla. Muchos de estos bienes fueron registrados a nombre de familiares y personas de confianza, con el fin de darles una apariencia de legalidad.
La investigación realizada por la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reveló que desde 2020 hasta la fecha se registraron operaciones de lavado de activos por un valor aproximado de 5.900 millones de pesos, junto con un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos.
Ante estos hallazgos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los cinco capturados los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición del juez de control de garantías, deberán permanecer privados de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
Simultáneamente, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 6 inmuebles rurales y 4 urbanos, 3 vehículos y más de 200 semovientes. Estas propiedades, valuadas preliminarmente en 5.700 millones de pesos, quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
