Desplazados de la Hacienda Bella Cruz reubicados en Maní son ignorados por el Alcalde.

En marzo de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ubicó a 49 familias, que después de casi tres décadas de una lucha que parecía interminable, por fin pusieron pie en un pedazo de tierra que podrían llamar suyo. Era el predio Dinamarca, una extensión de 628 hectáreas que la Agencia Nacional de Tierras adquirió precisamente para devolverles algo de lo mucho que les quitaron hacía 28 años, allá en la antigua Hacienda Bella Cruz en el departamento del Cesar.

Además de la entrega de la tierra, la ANT se ha comprometido a acompañar a estas familias para que puedan desarrollar proyectos productivos y así asegurar su propia alimentación y sustento, garantizando su soberanía alimentaria.

En este contexto, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) tenia previsto realizar un evento el pasado 24 y 25 de mayo, donde se pretendía traer ofertas de emprendimientos para que estas personas mejoren sus ingresos y por ende su forma de vida; la administración Municipal de Maní tenia el deber de proporcionar toda la logística para este evento, pero el alcalde Ferney Chaparro simplemente los ignoró.

El nudo de la controversia, o al menos una parte importante de él, radica en cómo se llevó a cabo este proceso. Y es que, según el Alcalde, esta reubicación se realizó sin tener en cuenta a las autoridades locales, y ni siquiera se consultó a la propia comunidad que ya vivía en el sector.

Pero más allá del debate, la situación se hizo tensa por la actitud reportada de la administración municipal, que abocó a que entes de control como la Procuraduría, presuntamente enviaron una comisión especial al municipio de Maní Casanare.

El motivo era la supuesta negativa del burgomaestre, Ferney Chaparro, a prestar cualquier tipo de ayuda o colaboración a las familias ubicadas en la Hacienda Dinamarca.

El análisis que hace la comunidad en redes sociales sugiere que, si bien es cierto, que la administración fue ignorada inicialmente por el gobierno nacional para reubicar esas familias, antes de resistirse y polemizar, debería aprovecharse esta oportunidad para atraer inversión a la región, que busque mejorar la infraestructura pública, pues la lógica dicta que, cualquier actividad del las autoridades debe tener el apoyo de la administración municipal para que esta sea más expedita y de paso, no revictimizar más a estas familias.

Ante esta situación, la UARIV se vio obligada a aplazar la feria. En su comunicado, expresó su esperanza de contar con la asistencia y participación de la alcaldía en una nueva fecha que se concertaría próximamente. Agradecieron la comprensión, pero la postergación dejaba un sabor amargo.

Este asunto tiene muchas aristas. El problema de fondo es que hay 49 familias justo en medio de esta polémica, y ellas son las que, al final del día, resultan directamente afectadas por la falta de articulación.

Por si fuera poco, la temporada invernal ha estado golpeando con fuerza la región en los últimos días; surge la preocupación sobre cómo estas familias están enfrentando las inclemencias del tiempo, pues fueron reubicadas en un lugar que es propenso a inundarse, como en su momento lo manifestó el mismo alcalde de Maní.

Se solicitó información a la oficina de gestión de riesgo de desastre sobre la situación de estas familias, para saber si se encontraban damnificadas por el invierno. Sin embargo, hasta el momento, no ha sido posible obtener respuesta clara al respecto, pues al parecer no han sido visitados; pero según Gestión del riesgo Departamental, en una confusa información suministrada a este medio, aseguran que ya fueron censados, pero que indagando con las autoridades locales, que no se ha registrado ninguna solicitud de evacuación para estas familias.

Como ya es costumbre del alcalde de Maní, se hicieron evidentes las tensiones entre el burgomaestre y algunos líderes que podrían ayudar al desarrollo del municipio; en este caso, en una reciente entrega de ayudas a damnificados por el invierno en esa región, el alcalde se negó a acompañar la comitiva, cuando se enteró que el diputado Wilder Ávila estaría presente.

Como suele ocurrir, las posturas se dividieron. Por un lado, están quienes aplauden la iniciativa, argumentando con razón que las personas que han sido víctimas de tanta violencia deben, sin falta, tener un lugar digno donde puedan empezar de nuevo con sus familias. Es un derecho básico, en el fondo.

Pero, por otra parte, surgieron voces detractoras que, aunque reconocen el derecho de estas familias y aclaran no tener nada personal en su contra, sí critican fuertemente el hecho de que grupos tan numerosos lleguen de golpe a saturar una infraestructura pública que, la verdad sea dicha, ya estaba bastante debilitada. Se refieren, en particular, a cómo los sectores de la salud y la educación se ven inevitablemente impactados por la llegada súbita de cientos de nuevos usuarios. Además, señalan que el gobierno central, al parecer, no contempló este aspecto al dejar a estas personas en un predio viviendo en condiciones muy precarias, en ‘cambuches’.

Algunos de estos detractores van un poco más allá, sugiriendo que esta movida podría ser, en realidad, una estrategia política del Gobierno de Gustavo Petro. La idea, según ellos, sería inclinar la balanza política en esta región de cara a las próximas elecciones, un planteamiento que, para algunos, no suena tan descabellado.