Dos secretarios propiciaron la crisis en Yopal por actualización catastral: protestas, tensiones políticas y llamado a revocatoria del Alcalde.

Dos secretarios han puesto en entredicho la gestión del alcalde Marco Tulio Ruiz frente a la Alcaldía de Yopal. De acuerdo con documentos del convenio entre la administración municipal y la empresa Catasig, encargada del avalúo catastral, los secretarios de Planeación y de Hacienda figuran como supervisores del contrato. Esto los hace responsables del proceso, y dado que han ocupado estos cargos desde la administración anterior, no pueden deslindarse de sus responsabilidades en esta crisis, pese a sus intentos por hacerlo.

Ante el descontento ciudadano por el aumento desproporcionado del avalúo catastral y su impacto en el impuesto predial, la Alcaldía de Yopal, a través del secretario de Gobierno, anunció inicialmente que se emitiría un acta para suspender el cobro de manera indefinida. Sin embargo, con el paso de las horas, el documento no fue expedido, lo que generó indignación entre los manifestantes que desde temprano rodeaban la Alcaldía.

Fue solo hasta entrada la noche cuando el alcalde Marco Tulio Ruiz convocó a una rueda de prensa para aclarar la situación. Durante su intervención, explicó que la administración municipal no tiene la potestad legal para suspender el cobro, ya que este se rige por una ley nacional. No obstante, se anunció la creación de una mesa permanente de análisis y concertación para evaluar el proceso realizado por Catasig y establecer soluciones que eviten cobros desproporcionados.

Esta mesa estará integrada por el alcalde o su delegado, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, la Oficina Asesora Jurídica, un representante de Catasig, dos concejales (uno de ellos de oposición), un delegado por cada comuna, un representante de los ediles y otro de las Juntas de Acción Comunal. También se invitó a organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, así como a entidades nacionales como la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Si bien no se estableció un tiempo límite para el funcionamiento de la mesa, la administración espera que las instituciones involucradas aporten soluciones en el menor plazo posible. «Hemos solicitado el acompañamiento de entidades nacionales para garantizar transparencia y que se escuchen todas las partes», señaló el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez.

Durante la jornada de protesta del día de ayer 24 de febrero, varias situaciones llamaron la atención; la más protuberante y que inevitablemente traerá un costo político en las próximas elecciones, la ausencia total de las llamadas mayorías del concejo, estos son lso concejales afines a la administración que, a pesar de los insistentes llamados de su comunidad, nunca dieron la cara, demostrando su sumisión total ante Marco Tulio Ruiz, lo que para algunos conocedores de la cosa política, implica que no ofrece garantías para el pueblo un concejo que está absolutamente dominado por el actual alcalde y que , como se ha visto en ocasiones anteriores, a los dos o tres concejales que están en oposición, cualquier propuesta que presentan es aplastada y luego retomada por ellos pero con las modificaciones necesarias para no incomodar a la administración.

El más mencionado fue el actual presidente del Concejo Angelo Castellanos, que en otras oportunidades lideraba y convocaba manifestaciones y a todo pulmón gritaba arengas en contra de otras administraciones; pero que ayer cuando sus votantes lo necesitaron realmente, simplemente se escondió.

Otros que quedaron en evidencia fueron algunos presidentes de juntas de acción comunal y ediles, que también fueron convocados a apoyar la manifestación pero nunca llegaron; como lo manifestó una de las presentes, “así como fueron a tocarnos a la casa para pedir el voto por Marco tulio, asi los queremos ver hoy apoyándonos”, pero muy pocos de esos lideres se hicieron presentes.

Por otro lado, en la manifestación se hicieron evidentes intereses políticos, con grupos promoviendo la revocatoria del mandato del alcalde Ruiz. A pesar de que ya se ha aclarado que la administración no puede frenar ni pausar el cobro del impuesto predial, las protestas continuarán.

La situación representa un desafío para la actual administración, que deberá manejar con cautela las negociaciones y encontrar responsables en la supervisión del contrato con Catasig, evitando que la crisis catastral se convierta en un golpe definitivo para la imagen y gestión de Marco Tulio Ruiz.

Por su parte, Unitrópico anunció que pone a disposición su consultorio jurídico para asesorar gratuitamente a las personas que busquen ayuda para enfrentar este serio problema que les dejó la actualización catastral.