Emilio José Tapia Aldana fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Los cargos están relacionados con dos grandes casos de corrupción: el escándalo de ‘Centros Poblados’, que involucró la falsificación de pólizas bancarias para obtener contratos del Ministerio TIC, y procesos irregulares en la adjudicación de contratos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
En el caso ‘Centros Poblados’, Tapia recibió un anticipo de 5.063 millones de pesos destinado a llevar internet a escuelas rurales. En lugar de cumplir con el contrato, desvió los recursos hacia gastos personales. Asimismo, en Emcali, un consorcio controlado por Tapia falsificó documentos para obtener contratos valorados en más de 6.200 millones de pesos, relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR).
Por otro lado, el empresario Jorge Enrique López Benavides fue señalado como una pieza clave en la obtención de las pólizas falsas que facilitaron el contrato con Centros Poblados.
López fue capturado en Bogotá en mayo de este año y es acusado de desviar fondos que terminaron en manos de Emilio Tapia. Este entramado también involucra al corredor de seguros Juan José Laverde y a Luis Fernando Duque, quienes presuntamente participaron en la falsificación de documentos.
El caso ‘Centros Poblados’ no solo desvió millonarios recursos públicos, sino que desató una crisis política que culminó con la renuncia de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen, quien fue cuestionada por la falta de control en la adjudicación del contrato.