En un riesgo para la comunidad se ha convertido migrante diagnosticado con tuberculosis; autoridades indiferentes.
Claudia Villada 
Un ciudadano venezolano en condición de calle, quien padece un diagnóstico de tuberculosis, se ha convertido en el centro de un conflicto que las autoridades locales parecen incapaces de gestionar.
Los vecinos en el barrio Ciudad Jardín, en Yopal, se ha esfumado ante la presencia constante de una crisis que camina por sus aceras. El hombre deambula por el sector mientras la comunidad observa con impotencia cómo el riesgo de contagio se mezcla con conductas agresivas que perturban el orden público.
La situación en los centros asistenciales de la región no es menos compleja. En el Hospital Regional de la Orinoquia, el personal reporta que el paciente ingresa con frecuencia a urgencias manifestando dolores intensos para asegurar techo y comida, pero su permanencia genera desorden y temor.
De acuerdo con testimonios de funcionarios, el individuo escupe habitualmente en los pasillos, utiliza los recipientes de basura para realizar sus necesidades fisiológicas y sustrae objetos personales de otros enfermos, lo que ha provocado que diversas instituciones médicas limiten su atención que se niegan a recibirlo nuevamente.
El entorno escolar de los colegios Carlos Lleras Restrepo y la Alianza Pedagógica es uno de los puntos de mayor tensión para las familias del sector. Los residentes denuncian que el sujeto suele exhibir sus genitales ante los transeúntes y reacciona con hostilidad cuando no recibe dinero, llegando incluso a escupir a los ciudadanos en una zona transitada por niños y jóvenes.
Para los habitantes de Ciudad Jardín, esta carga resulta insoportable y critican la aparente falta de voluntad política para ofrecer un tratamiento digno que proteja a la población.
A pesar de las constantes quejas ciudadanas, las instituciones responsables parecen atrapadas en un cruce de competencias administrativas. Migración Colombia y la Secretaría de Salud municipal han sido señaladas por la comunidad como entidades que se deslindan del caso, dejando la problemática en un limbo burocrático.
Existe además un incumplimiento legal que agrava el panorama, ya que la Personería Municipal ha solicitado el seguimiento a un fallo de tutela de 2019 que obligaba a la creación de programas de albergue y salud integral para habitantes de calle, el cual sigue sin ejecutarse plenamente.
Mientras tanto, la seguridad en el barrio se ha deteriorado con reportes sobre el incremento de puntos de expendio de sustancias y delincuencia en las zonas donde el hombre se refugia. Los vecinos exigen una intervención que no se limite a visitas de control superficiales, sino que ofrezca una solución de salud pública que garantice la integridad de toda la ciudadanía de Yopal, manifestando la necesidad de deportar a este individuo que ciertamente se convirtió en un riesgo para la comunidad.
