Entre la fe y la ley. La lucha por proteger una reserva natural en la vereda Balconcitos de Yopal.
Claudia Villada 
En la vereda Balconcitos, en Yopal, donde la sabana comienza a elevarse hacia la cordillera oriental, se encuentra la finca Montes de Sion. No es un predio rural cualquiera. Allí nacen los caños Usibar, Mochilero, Upanema y El Encanto, afluentes que alimentan las cuencas del Cravo Sur y del Charte. Técnicamente, se trata de una zona de recarga de acuíferos de alta permeabilidad, un reservorio natural que sostiene el equilibrio hídrico de la región.
Sin embargo, este territorio de 32 hectáreas es hoy escenario de un conflicto que mezcla fe, confianza, daño ambiental y una batalla judicial.
Según la Escritura Pública número 1216 de junio de 2012, el predio fue adquirido legalmente por Romel Moreno García y la empresa Transportes Benavides. Años después, ocurrió una promesa verbal de donar cuatro hectáreas a la congregación religiosa Centro Evangélico Conquistadores del Rey. Pero, según los denunciantes, esa transferencia nunca se formalizó jurídicamente. No hay escrituras ni registros.
Pese a ello, la ocupación del terreno sí ocurrió. En medio del ecosistema sensible se levantaron viviendas, grandes enramadas con estructuras metálicas y espacios para cultos.
El impacto ambiental, según denuncias y explicaciones técnicas conocidas por este equipo periodístico, ha sido significativo: árboles talados, ingreso de maquinaria pesada, compactación del suelo y procesos de socavación activa, donde el agua erosiona la tierra desde abajo al desaparecer las raíces profundas. El suelo, advierten expertos, podría comenzar a vaciarse, con riesgo de colapso o deslizamiento.
El caso llegó al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal mediante una demanda de reivindicación del predio. En abril de 2026, el juzgado aplicó la figura jurídica de conducta concluyente: al comparecer al proceso y presentar contestación, la congregación demostró conocer la demanda, pero el plazo ya había vencido. Su defensa fue declarada extemporánea.
Mientras tanto, en 2025, el ambientalista Luis Emilio Lizarazo, conocido como el Titán Caracol de Casanare, lideró la campaña “Reverdece Casanare” y sembró 500 árboles de raíces profundas en el terreno.
Pero persiste una pregunta: ¿dónde ha estado Corporinoquia? Denunciantes aseguran que han presentado alertas durante años sobre la situación ambiental, pero la respuesta institucional ha sido insuficiente o inexistente. Algunos incluso sospechan de presuntos conflictos de interés dentro de la entidad, afirmaciones que requieren verificación por parte del ente disciplinario.
La conclusión técnica es clara: no es posible construir viviendas en Montes de Sion, independientemente de la propiedad, porque el uso del suelo no admite licencia alguna.
La historia deja una pregunta abierta sobre qué ocurre cuando una buena intención choca contra los límites de la naturaleza y las leyes se convierten en el último muro de contención para defender la tierra.
Es necesario dejar constancia de que, en varias ocasiones, intentamos contactar a los representantes de la comunidad religiosa implicada en este caso. Inicialmente no obtuvimos respuesta, pero en las últimas horas, una persona que se identifica como apoderada del pastor, envió a través de una red social, un documento que asemeja un derecho de petición, aunque carece de firmas, rótulos o sustento jurídico alguno. Dicho documento constituye un claro intento de censurar la publicación de este video.
Sin embargo, se le respondió a esta persona ofreciéndole un espacio para que los interesados se pronunciaran, a lo que ella respondió que su presunto apoderado se pronunciaría una vez finalice el proceso legal, algo que podría tardar años.
Por lo tanto, dejamos constancia de que este reportaje se realiza con profundo respeto hacia esta y todas las comunidades y creencias religiosas, y no constituye en modo alguno un ataque hacia ellos. Tampoco nos referimos al proceso judicial, que como dijimos antes, aún se encuentra en etapa de apelación y no hay una decisión definitiva.
Nuestro objetivo y nuestro deber; es dar a conocer a la opinión pública, una denuncia ciudadana sobre el impacto ambiental que ha sufrido un ecosistema particularmente sensible y de gran importancia para la región, y evidenciar cómo la corporación autónoma lo ha ignorado —ya sea por omisión o por decisión— mientras la intervención humana, sin ningún tipo de miramiento, pone en peligro el equilibrio del lugar y las vidas de quienes allí habitan.
